El Gobierno Nacional no vio con buenos ojos el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad pese al decreto que lo prohíbe y decidió judicializar la cuestión.
Para ello, el Presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Esteban Furnari, y avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) presentó esta mañana un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
El tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”, según el fallo.
Minutos después, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que las clases serían presenciales y no virtuales en su distrito.
Por lo que el objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Por su parte, el ministro de Justicia Martín Soria ratificó sus críticas: “El tribunal es manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales como es un DNU presidencial”, dijo y reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Horacio Rodríguez Larreta había presentado un amparo ante la Corte, que, se supo el viernes, era la encargada de mediar (o no) en el conflicto y como no lo hizo, el jefe de Gobierno porteño apeló a los jueces amigos y a varias asociaciones alineadas con su Gobierno para lograr su cometido.
Por su parte, varios gremios docentes convocaron a un paro en rechazo al fallo de la Justicia que dio curso a un amparo presentado por organizaciones de padres y ordena la habilitación de las clases presenciales.
Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMYS, señaló en declaraciones televisivas que “esta medida de la justicia es una nueva muestra de la subordinación al gobierno de Larreta”. La política de Larreta, dijo, es “una política criminal” porque “estamos con 30 mil casos”.
“El gobierno (de la Ciudad) insiste con una presencialidad que no tiene sentido”, dijo, por lo cual realizamos “un paro de 24 horas”. Asimismo, adelantó que las 18 horas realizarán una nueva asamblea para evaluar como continúa la situación. “Mañana no hay clases en la escuelas porteñas”, manifestó.
Al anuncio realizado por ADEMYS se le suma la confirmación de una huelga convocada por ATE Capital y UTE-CTERA. “Si la Justicia viola la Constitución, paramos en la Ciudad de Buenos Aires”, informaron en un comunicado conjunto.
Mientras desde ATE y UTE manifestaron previamente que “si existe un Juez/a que viole la Constitución y disponga la presencialidad en las escuelas en momentos como estos, no solo las y los trabajadores de la Ciudad vamos al paro para garantizar la salud y la vida de nuestras y nuestros compañeros sino que denunciaremos al Juez/a tanto a la Justicia penal por delitos contra la salud pública como al Consejo de la Magistratura”.
Al mismo tiempo, UTE emitió un comunicado a parte en el cual acusa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de priorizar “su carrera electoral y el marketing político por sobre el cuidado y la vida de todxs lxs porteñxs”, debido a que, pese al aumento de contagios “presiona para sostener la presencialidad en contra de las normas dictadas por la Nación, apelando a la judicialización del DNU”.
Por eso exigen a Horacio Rodríguez Larreta que “acate lo resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional. Porque la salud y la vida son prioridad”.
