El documento sobre comisarías y alcaidías, elaborado por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad (MLPT), busca documentar y sistematizar información sobre las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en el territorio porteño. El mismo se aprobó en el plenario en el que participaron la titular del Comité Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños; las comisionadas Pamela Malewicz, Marcela Millán e Indiana Guereño; el comisionado Claudio Romero; Manuel Tufró, integrante del consejo local y Ezequiel Palucci, secretario ejecutivo del CLPT.
Antecedentes
A raíz de la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal estableció en 2020 un protocolo sanitario por el cual restringió el ingreso de personas condenadas o con prisión preventiva. Como resultado, las alcaidías de la Ciudad se desbordaron rápidamente y con ello las comisarías volvieron a ser utilizadas como lugar de alojamiento de personas detenidas.
En virtud de este agravamiento, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA presentó en junio de ese año una acción de habeas corpus colectivo, que fue apoyada en calidad de amicus curiae por el MLPT y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El planteo obtuvo resolución favorable tanto en primera como en segunda instancia y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, quien ordenó desalojar de las comisarías de la Ciudad a las personas detenidas en cualquier situación y que la detención en las alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva.
El informe
El relevamiento presentado se realizó en 30 establecimientos de detención, donde se alojaban 716 personas. Allí se constató hacinamiento, escasez de comida y agua potable y falta de acceso al sistema de salud, entre otras problemáticas:
- Las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad se encuentran sobrepobladas. Las alcaidías monitoreadas tienen un cupo previsto de 223 personas y al momento del relevamiento contaban con 330 (un 50% más).
- El tiempo de permanencia de las personas supera los 6 meses en las comisarías y los 12 meses en las alcaidías. Esta situación se agrava si se considera que las comisarías no deberían alojar personas ni siquiera de forma transitoria.
- La gran mayoría de las comisarías presentan deficiencias edilicias. Esto pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas detenidas y del personal policial. El derecho a la alimentación y la salud, vulnerado. La alimentación, insuficiente y en muchos casos en mal estado. En cuanto al acceso a la salud, se advierte que no existen protocolos de atención ni se destinaron recursos para atender esta problemática.
- La gran mayoría de las comisarías no cuentan con espacios adecuados ni recursos disponibles para la realización de entrevistas confidenciales.
- Los y las agentes de la Policía local carecen de la formación necesaria para desempeñar las tareas de la función penitenciaria. Además, en los dispositivos falta personal: en todas las alcaidías se asignan entre 3 y 4 celadores/as para un promedio de 30 detenidos/as. En las comisarías vecinales se destinan entre 3 y 5 agentes para la guarda y custodia de entre 25 y 30 personas detenidas.
La principal causa que identifica el informe para llegar a este punto radica en el incumplimiento de las sentencias judiciales. Estas ordenaban al SPF disponer el ingreso de personas detenidas con condena o prisión preventiva.
El informe completo puede descargarse aquí.