La Legislatura porteña aprobó esta semana un proyecto impulsado por el bloque de la UCR Evolución y del Frente de Todos, donde se dio luz verde a la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en el año 2016, con el fin de “contribuir a la lucha en todas sus formas” contra esa actitud.
Dicha propuesta fue votada por amplia mayoría con la única excepción del bloque de Autodeterminación y Liberad que votó en contra.
Al respecto, la legisladora Marta Martinez denunció: “Votamos en contra y en soledad en la Legislatura una ley para adoptar la definición de ´Antisemitismo´ aprobada por la IHRA, impulsada por el Frente de Todos y UCR Evolución y votado por todos los bloques, incluso los del FIT, salvo el de Autodeterminación y Libertad.”
“Como si esto fuera poco, por meros mecanismos burocráticos, se nos impide a los legisladores manifestar en forma verbal nuestro repudio a la ley durante el transcurso de la sesión, en un accionar completamente antidemocrático por parte de las instituciones del Estado“”.
Desde Autodeterminación y Libertad se mostraron en contra dado que “este proyecto responde a la política del Estado de Israel con el que se pretende acallar a los millones que denunciamos en el mundo sus crímenes contra el pueblo palestino con la calumnia del antisemitismo, y que nada tiene que ver con el repudio al holocausto y la discriminación por creencias religiosas”.
En aquella oportunidad los 31 países miembros de la IHRA adoptaron la definición de antisemitismo, como una guía de trabajo para “determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas antisemitas y ser llevadas a cabo en la vida pública, en medios de comunicación, en instituciones educativas, en ambientes laborales y religiosos”.
Concretamente, esa la definición reza: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.
Como se refleja, entre las instituciones de la comunidad judía a la que se refiere, se incluye, principalmente, al Estado de Israel, artífice e impulsor de la definición a la que ahora la Argentina se compromete.
Desde este espacio consideran que de esta manera se “mezcla y emparenta toda crítica al accionar criminal del Estado de Israel y su Gobierno con el antisemitismo. Una forma de intentar censurar y perseguir todas aquellas voces que nos oponemos y denunciamos su política colonialista y asesina contra el pueblo palestino.”
Esta concesión a esa política a la que ahora Argentina, y a partir de hoy, la Ciudad de Buenos Aires se someten fue criticada por diversas organizaciones sociales y políticas que se solidarizan con la lucha y resistencia del pueblo palestino. Por ejemplo el El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino expresó “queremos señalar que tal adhesión, concebida como un acto de compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la no-discriminación que compartimos, puede esgrimirse como una herramienta de hostigamiento y persecución para silenciar las críticas hacia un Estado que, recurrentemente, violenta las normas de los Sistemas de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y a la doctrina que lo sustenta” y agregan además, “La manipulación se completa por medio de un desplazamiento semántico, presentando los juicios condenatorios a los actos del Estado ocupante y colonizador de Palestina y de su ideología segregacionista como valoraciones hacia grupos y personas que profesan una religión específica, recrean una cultura particular o hablan una lengua determinada, que remite a los pueblos del Medio Oriente. De esta forma, se despliega el chantaje retórico que busca obstruir el debate racional, excluyendo del campo discursivo las voces que articulan la solidaridad con el pueblo palestino.”