Según comunicó Correpi, los detenidos tras la movilización para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron liberados tras 48 horas de detención (tiempo en el cual permanecieron incomunicados).
La instrucción de la causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, como sucedió desde un principio -el mismo que decidió tomar las declaraciones recién alrededor de 30 horas después de la detención. Ahora tiene en total diez días para decretar el sobreseimiento o procesamiento de las y los 31 imputados.
A continuación, deberán ser investigados todos los delitos cometidos durante la actuación de las fuerzas de “seguridad” del Estado, que CORREPI ya presentó a través de una denuncia formal.
Cabe aclarar que todos fueron imputados con la misma carátula: intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.
El acta policial dice que detuvieron a algunas personas “en las inmediaciones de casa de gobierno, quienes habrían arrojado al personal policial botellas de vidrio, cascotes y otros elementos contundentes” y a otras “en Plaza de Mayo, al desconcentrarse la manifestación, cuando comenzaron a empujar el vallado para luego cubrir sus rostros y arrojar piedras, molotovs y bombas de estruendo al personal policial” (sic).
Sin embargo, en ninguno de los 31 casos, se han presentado elementos probatorios, ni conducentes, que lo demuestren.
Además, según aclaran desde Correpi “ninguno de los 31 casos, fue detenido/a en la casa de gobierno, ni en Plaza de Mayo, sino desde cinco a diez cuadras más lejos, sobre Av. De Mayo y alrededores”.
“La represión del viernes 1º de septiembre fue un operativo conjunto, orquestado por el gobierno nacional y los grandes medios de comunicación, con el objetivo de deslegitimar lo que iba a ser -y efectivamente fue- una masiva movilización, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y para que los titulares del día siguiente no dijeran eso, apostaron a la condena social a la violencia, que ellos mismos generaron”, denuncian y agregan: “Exactamente lo mismo que hasta ahora hicieron, para excusarse de responder sobre el paradero de Santiago. Correr el eje de la discusión, culpabilizar a las víctimas, y desligar al Estado de su responsabilidad política en cada una de las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas. Y a la vez, generar el consenso necesario para preparar la escala represiva siguiente.”
Para cerrar indican que “es notoria su preocupación por la organización del pueblo, y por eso apuntan a estas operaciones. En definitiva, nos tienen miedo, porque somos muchos y muchas más. No hay mucha vuelta que darle: o les damos el gusto, o nos hacemos fuertes, por Santiago, y por todos nosotros y nosotras.”
