El Defensor General de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, y la legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, encabezaron el lanzamiento del sexto número de la Revista Institucional de la Defensa Pública en el Centro Cultural Popular porteño, ubicado en la villa 21-24, en el barrio de Barracas.
Este nuevo ejemplar de la revista se titula “La causa Mendoza: la relocalización de las familias y el derecho a una vivienda digna. Las personas no son cosas”, y aborda la problemática de las familias que aún viven sobre el Camino de Sirga a orillas del Riachuelo, con los graves problemas de salud que esto implica, y de los que ya fueron trasladados a establecimientos ubicados en otras zonas de la Ciudad.
El documento fue presentado por un panel integrado, además, por el Defensor General Adjunto, Luis Duacastella; el padre, Lorenzo “Toto” Devedia; y los delegados de la 21-24, Mario Gómez y Osvaldo de Marco, del barrio Lamadrid.
“Los que ya fueron relocalizados sufren muchas dificultades porque las viviendas donde los trasladaron tienen muchos problemas; además, no tienen vacantes para sus hijos en las escuelas, ni centro de salud y tampoco pueden trabajar porque los sacaron de su hábitat cotidiano”, informó Corti durante su intervención.
Asimismo destacó, “la importancia de que los poderes del Estado tomen en cuenta la voz y las necesidades de la población afectada, tanto de aquellos que ya han sido relocalizados en condiciones inadecuadas, como de quienes esperan hacerlo”.
En este sentido, Muiños afirmó que “hay un gran deudor que es el Gobierno de la Ciudad, y también debemos responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia, que no toma a los vecinos y protagonistas como parte en esta causa. Este es un proceso largo y penoso, pero está claro que las personas no son cosas y es injusto que vivan en la indignidad. Todavía no se cumple la ley de rezonificación”.
“El no formar parte de la causa nos hace sentir objetos y no sujetos; generamos un arraigo y un sentimiento de pertenencia con nuestros barrios, por eso pedimos la relocalización en la misma zona en la que vivimos. Merecemos viviendas dignas”, señaló Mario Gómez.
Por último, el padre “Toto” De Vedia, sacerdote de la parroquia Virgen de Caacupé de la villa 21-24 y referente de ese asentamiento, sostuvo que “cuando la Justicia es lenta, es injusticia. Relocalizar implica tomar en cuenta un montón de complejidades; necesitamos que no se tomen decisiones políticas desde oficinas lejanas, sino desde el encuentro real y en cuerpo y alma con los vecinos”.
