La Legislatura porteña decidirá si suspende las exenciones impositivas que benefician a la multinacional de origen estadounidense Iron Moutain por participar del Distrito Tecnológico, la zona franca creada por la gestión PRO en 2008 para empresas tecnológicas.
La iniciativa fue presentada por los legisladores Gabriel Fuks y Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro y Claudio Palmeyro, del Partido Justicialista, y pidieron al viejo Concejo Deliberante que suspenda todas las ventajas que promueve la ley 2972, hasta que concluyan las investigaciones judiciales y administrativas que indagan responsabilidades de la empresa en el incendio del depósito que tenía en el 1245 de la calle Azara, Barracas, donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil el 5 de febrero de 2014.
Según una pericia reciente, presentada a principios de marzo pasado, un año después de la tragedia, el fuego fue originado “intencionalmente” y “desde el interior”, según concluyeron peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Industrial y Universidad Tecnológica Nacional.
Las revelaciones periciales, provocaron un inesperado giro en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18 a cargo del magistrado Pablo Ormaechea, e instruida por Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 37.
Originalmente el expediente estuvo caratulado como incendio y posteriormente tiene en su portada “estrago”, un delito que cambiaría al calor de nuevos datos recogidos por investigadores. Es el principal expediente que indaga el caso, pero no el único.
A partir del 9 de abril, el cuerpo legislativo debatió nuevos pedidos de informes que ya tienen dictamen favorable de la comisión de Desarrollo Económico, para que el Ejecutivo porteño aporte detalles y explicaciones sobre las 15 alertas de inspecciones e irregularidades que detectaron distintos organismos de control de la comuna y que no derivaron ni en clausuras ni multas contra la empresa que, por entonces, tenía cuatro depósitos en Capital: uno en La Boca, un segundo en Lugano, un tercero en Parque Patricios y el cuarto en Barracas.
El detalle de las inspecciones que Iron Mountain pudo sortear con éxito, ya son parte de dos denuncias penales promovidas por algunos familiares de los fallecidos, mientras que la Unidad de Información Financiera, presentó la semana pasada un escrito ante la fiscal Sánchez para exigir la indagatoria de los directivos de la empresa Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold.
Es el segundo movimiento judicial de la UIF sobre el papel de la empresa, el primero lo hizo el año pasado en la causa 447/2014 tramitada por el Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres. En esa causa, caratulada “Iron Mountain Argentina SA s/ averiguación de delito”, la UIF pidió ser querellante contra la multinacional, cuya filial argentina es investigada por lavado de activos a partir de investigaciones que demuestran que no tiene actividad real en el país.
“Mientras hay investigaciones y actuaciones que atraviesan la muerte de diez servidores públicos, posible lavado de dinero, otros delitos económicos y profundas fallas administrativas en lo concerniente a la fiscalización y control, es necesario que los porteños no financien ingentes beneficios fiscales de esta empresa”, explicó Fuks, en referencia a los más de 5 millones de pesos que recibió Iron Mountain desde que el Distrito Tecnológico fue ampliado de La Boca y Barracas, a Parque Patricios y Boedo, una extensión activamente promovida por el director Guillermo Lockhart junto al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera; y su subsecretario de Inversiones, Carlos Pirovano, dos ex ejecutivos del Grupo Roberts y Máxima AFJP, ambas unidades que luego pasaron al Banco HSBC uno de los mayores perjudicados en el incendio intencional, aunque no aparece como querellante en la investigación.
El proyecto de ley que será analizado en comisión para llegar al recinto, agrega que a esta lista de indicios, “se suma la investigación de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que trabaja en la hipótesis de la destrucción premeditada de pruebas, en cuanto el Banco HSBC –denunciado por la AFIP por lavado de dinero y evasión impositiva– informó, en el marco de la investigación del caso, que sus archivos en la materia se perdieron en el incendio de Barracas”.
Dentro del pedido de indagatoria contra directivos de Iron Mountain, la UIF reveló que en los últimos cinco años los balances de la empresa dieron “renta cero”.
Tal ausencia de quebrantos y ganancias contó con un activo auspicio del gobierno porteño para evitar números rojos. “No resulta clara la incorporación de esta empresa a los cánones de la Ley 2972, que le otorga importantes exenciones impositivas cuando resulta claro que dicha firma no es una empresa que hace proyectos tecnológicos o desarrollos industriales del tipo de investigación y desarrollo, sino que, por el contrario, su ocupación principal es depósito y custodia de archivos”, advierte el proyecto de ley, y recuerda: “esta exención impositiva está vigente sobre la totalidad de la operatoria de Iron Mountain: esta empresa no paga Ingresos Brutos y otros tributos por su actividad de depósito y custodia de archivos, pero estas funciones involucran un porcentaje significativamente mayoritario de su facturación”.
