Para soportar los rigores del clima y mantener las actividades habituales, cada quien recurre a los remedios a su alcance. El ciclo próspero de la economía, del que bien se felicita el kirchnerismo y los avances técnicos contemporáneos, pusieron al alcance de millones aparatos de aire acondicionado, que se suman a todo un arsenal destinado a mejorar el clima o aliviar sus consecuencias más críticas. El resultado ha sido una serie de consumos records de electricidad que pusieron a prueba todo el sistema de generación y distribución de energía.
Para unos cuantos desafortunados, el sistema falló cuando más se lo necesitaba. La falta de luz golpea toda la organización de nuestra vida actual, más aún en la gran ciudad. El tema, además de tener una enorme significación social, se instaló rápido en la agenda de la disputa política. El propio Macri alzó su voz para reprochar la crisis a la impericia del gobierno nacional, ganado por un “relato” que no tiene correspondencia en la realidad, según su peculiar mirada.
Del otro lado se señala como responsables a las empresas distribuidoras, que realizaron inversiones insuficientes para actualizar las redes domiciliarias a las exigencias del consumo presente y futuro. El debate no le devuelve la electricidad a los que no la tienen, pero muestra una dirigencia que no elige el accionar cooperativo cuando se afecta la vida comunitaria. Es natural. Están en discusión dos modelos de país. Uno que quiere dejar todo en manos de la regulación de los grandes grupos económicos y otro, que se empeña en fijar reglas desde el estado, en favor de los que menos tienen. Aunque a veces las cosas no salgan del todo bien.
Los consumos, tanto residenciales como de las industrias, se elevaron de manera enorme en estos años y su abastecimiento estuvo acompañado por una oferta que se amplió sucesivamente. Pero las empresas distribuidoras han priorizado su rentabilidad a las inversiones, como modo de presión, mientras esperan alzas tarifarias que las retornen al horizonte de los noventas, con el servicio cotizado en dólares. Lo confesó la vocero de prensa de una de las firmas prestadoras. “Con estas tarifas no se puede pretender otra calidad de servicio” dijo, palabras más, palabras menos. Como si estuviéramos condenados a cortes recurrentes, a menos que se hagan ingentes aumentos en la factura eléctrica.
Parte de esa lógica fue la que nos condujo al precipicio del 2001. Y no había mejor servicio. Cualquier memorioso sabe que las prestaciones deficientes son una constante de años. Antes se le echaba la culpa al estado, para justificar su privatización. Luego, con tarifas dolarizadas y un país que no consumía porque no podía por su crisis, a la falta de incentivos para la inversión. Ahora se habla del poco precio de la electricidad. Siempre las prestadoras tienen una excusa.
Cuando se salió del esquema de la convertibilidad, se procuró encaminar un nuevo modelo productivo, sustentado en un fuerte mercado interno. Eso significó también torcer la distribución de ingresos en favor de los sectores productivos también se expresó en el congelamiento tarifario y en el desacople del precio de la energía respecto del dólar. Para fomentar el incremento del consumo y hacer viable la operatoria de las empresas, se instrumentaron un conjunto de subsidios, entre ellos fondos específicos para actualizar las redes de distribución domiciliaria. Como con los trenes, plata no faltó nunca para brindar un buen servicio. Por eso, cuando se corta la luz, de manera amplia y recurrente, lo que se ve es que fallaron los controles públicos sobre las inversiones.
Llorar sobre la leche derramada no resuelve el problema. Además, darse cuenta del problema en el momento que varios miles expresan con razón su indignación tampoco es de buen gobierno. Ahora el Jefe de Gabinete Capitanich esbozó en público la posibilidad de que la prestación del servicio vuelva a las manos del Estado.
Es una solución siempre que haya una conducción eficiente. Es claro que estas prestaciones tienen que tener una regulación pública, máxime cuando son monopólicas y determinan las condiciones de vida de la comunidad. Pero la responsabilidad de los reguladores es hacer su trabajo de manera adecuada y anticiparse a los problemas. La gestión estatal no resuelve por si misma esa condición de posibilidad de un buen servicio.
Construir un estado capaz de ajustar los intereses particulares al beneficio social, requiere de vocación política, firmeza conceptual e idoneidad técnica. Ese estado está muy alejado del capitalismo de amigos que facturan a un gobierno bobo, como tenemos en la Ciudad autónoma, donde las veredas se hacen y rehacen cada dos años, como si no se pudieran construir bien.
Alejados los calores excesivos, resueltas las emergencias de los que las están pasando mal cuando tendrían razones para festejar junto a los suyos, será el tiempo de poner política en este debate, que no se agota cuando vuelva la luz.
Gerardo Codina