Denuncia por la nueva terminal en Soldati

La ciudad cuenta hoy con una sola central de micros de dimensiones, además de la Parada Liniers, y esto repercute en el flujo de tránsito que atesta una zona que ya de por sí es complicada por la cercanía del puerto.

El proyecto de la construcción de una nueva terminal en Soldati, llegó a manos del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, a mediados de 2012.

La iniciativa privada lleva la firma de Néstor Otero, titular de TEBA, un empresario que fue objeto de numerosos informes de la Auditoría General de la Nación por incumplimientos en la concesión de Retiro.

Además, está procesado por el presunto pago de coimas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: se lo acusa de pagarle el alquiler de un departamento en Puerto Madero cuando Jaime le extendió la explotación de Retiro por 10 años más, en 2005.

La iniciativa de TEBA recibió en seguida el visto bueno de Mauricio Macri. Rápidamente, la Ciudad le transfirió la responsabilidad de liderar el proyecto a Humberto Schiavoni, presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, ente estatal dedicado al “desarrollo del sur”.

La Corporación realizó un llamado a licitación para la construcción y mantenimiento de la terminal. TEBA fue la única oferente.

En concreto, se trata de un predio de 37.212 m2 que pertenecen (pertenecían) a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y estaba planeada la construcción de talleres para el mantenimiento de los vagones del subte (hoy altamente tercerizado).

La nueva terminal de la zona sur apunta, según el gobierno, a desconcentrar el 40 por ciento del flujo que absorbe Retiro. Habrá 48 dársenas de ascenso y descenso, una dársena para taxis, otra para líneas de colectivo, 55 boleterías y playas de estacionamiento –que serán explotadas por TEBA– con capacidad para más de 442 vehículos: 400 particulares, 10 remises, 10 combis o minibuses y 22 transportes de encomiendas y mercadería.

El gobierno incluyó en la licitación una cláusula poco común para este tipo de iniciativas.
Como apunta un informe del ex legislador de Izquierda Democrática, Rafael Gentili, “el Ejecutivo venderá el inmueble a través de un contrato de leasing con un plazo de 18 años. A cambio, la empresa asumirá los costos de la construcción de la terminal, que la misma TEBA calcula en 50 millones de pesos”.

El Banco Ciudad tasó el predio de Flores en $36.040.000. El precio contrasta con el valor del metro cuadrado que calcula la Secretaría de Planeamiento del propio gobierno. En el último informe disponible de abril de 2014, el precio promedio del m2 de los terrenos baldíos en ese barrio es de U$S 1.754,5.

Entonces el valor de mercado del terreno que va a ocupar la terminal sería, en verdad, de U$S 65.288.454 o $522.307.632. Es decir, TEBA pagará el 6,9 por ciento de ese monto, más intereses.

El leasing es un instrumento utilizado en general para financiar a mediano y largo plazo la compra de maquinarias e inmuebles para empresas.

Con esto, el Gobierno de la Ciudad se transformará, en esta ocasión, en una especie de banco o financiera que le otorgará a la empresa un préstamo en condiciones más que favorables.

¿Por qué? Una vez que TEBA concluya con la construcción de la terminal (calculan unos 18 meses), tendrá un negocio cautivo (el arribo y egreso de unos 250 mil micros de media y larga distancia) más la explotación de negocios como estacionamientos, alquiler de locales y publicidad, entre otros.

Al final del contrato (18 años), la empresa podrá transformarse en la propietaria del predio mediante una opción de compra del 5% sobre el valor original. No se tendrán en cuenta, por ejemplo, las mejoras que proyecta el gobierno porteño a la zona, ni el valor de la construcción que emplazará TEBA.

La opción de compra, entonces, dentro de 18 años, será por apenas $1.680.000.

¿Qué contraprestación le exige el gobierno a la empresa? Además de construir la terminal, TEBA debe abonar los intereses del préstamo que lo otorga la Ciudad. Las cuotas están atadas a una tasa variable (la llamada Tasa Badlar del Banco Central) más un 2% adicional. El monto tendrá que ser depositado cada tres meses (una estimación indica que serían alrededor de $400 mil mensuales).

Para el legislador (MC) Gentili, “Eso no implica que la empresa esté pagando un canon por la explotación.”

Es decir, por cada cuota que TEBA abone, estará pagando el terreno, lo cual implica una capitalización para su patrimonio y una descapitalización para la Ciudad, que está desprendiéndose de tierras públicas.

Según un cálculo realizado por el equipo de trabajo de Gentili, TEBA recuperaría la inversión en tan sólo 38 meses.

Esto surge de un cruce de la variación del Badlar y los ingresos declarados en 2011 por TEBA en Retiro, donde obtuvo ganancias por 40 millones de pesos (hoy serían casi el doble de ingresos).

“La Terminal Dellepiane, que será explotada con otra razón social, Terminal Satélite Sur SA, tendrá en sus manos un cómodo negocio: miles y miles de colectivos que diariamente arribarán y partirán desde sus dársenas asegurando la presencia de potenciales clientes”.

El proyecto ya tiene un pedido de informes presentado en mayo de 2013 (y nunca contestado) por los entonces legisladores Daniel Amoroso (Confianza Pública) y Antonio Campos (UCR). Los diputados buscaban saber por qué si la construcción de una segunda Terminal de ómnibus se estaba discutiendo hacía ya dos años en la Legislatura terminó siendo presentado por una firma privada y licitado por el Ejecutivo sin siquiera informar al Legislativo.

“Acá hay un negocio, es una falta de respeto que se salteen a la Legislatura de esta manera. Claramente alguien tomó un proyecto que era debatido por la Legislatura en diferentes comisiones desde hace dos años y en tiempo récord logró que el gobierno llamara a licitación y se otorgara la ejecución de la obra”, declaró por entonces Amoroso.

Ya está todo casi listo para que TEBA comience con la construcción. El informe de impacto ambiental, muy documentado, obtuvo el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental.

Ninguna dependencia gubernamental mostró objeción alguna y la Legislatura aprobó en noviembre de 2013 un proyecto de rezonificación del predio, necesario para autorizar el comienzo de las obras.

En una Audiencia Pública del 25 de marzo pasado se escucharon voces a favor y en contra. Una de ellas fue la de Fundación Ciudad, integrante del Plan Estratégico Urbano Ambiental. María Teresa Gutiérrez Cullen reclamó al gobierno que explique cómo “impactarán los 10.125 arribos y las 8.175 partidas diarios previstos”.

Si bien el informe asegura que “la zona de influencia directa del proyecto no es una zona; crítica de anegamiento por lluvias o por sudestadas”, Gutiérrez Cullen indicó que “lo que no dicen es que la cuenca sufrió el 2 de abril de 2013 una inundación de 1,60 de altura de agua en el barrio Nájera y de 1,80 en el Cildáñez”.

El proyecto fue aprobado el jueves 24 en la Legislatura.“En un contexto signado por la pobreza, la falta de infraestructura y la escasez de servicios del sur, que contrasta con el resto de la ciudad, el macrismo entusiasma a los dueños del capital con grandes beneficios fiscales y generosos mecanismos de financiación”.