El frigorífico Lisandro de La Torre faenaba en 1959 un millón y medio de kilos de carne por día, además de producir cortes provenientes del ganado ovino, caprino y porcino.
Fundado en 1925, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, el establecimiento tuvo por objetivo regular un mercado de carnes concentrado por capitales británicos y estadounidenses.
Juan Domingo Perón ordenó en su primera presidencia la nacionalización de este gran matadero y transfirió sus instalaciones a la órbita de la Capital Federal.
Además, el peronismo reemplazó la designación de Frigorífico Nacional por la de Lisandro de la Torre, en homenaje al senador demócrata progresista por Santa Fe que denunció desde el Congreso las irregularidades en el comercio de carnes con Gran Bretaña, propiciadas por el pacto Roca-Runciman, de 1933.
Gracias a sus dimensiones y la gran cantidad de carne que procesaba, el Lisandro de la Torre le permitía al Estado fijar precios internos y recuperar divisas provenientes de las cuotas de exportación.
Pero en 1959, y como parte de una política de recortes acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Frondizi impulsó su privatización a través de una licitación internacional que fue luego adjudicada a la CAP (Corporación Argentina de Productores de Carne), una entidad ligada a empresas multinacionales.
Frondizi, candidato por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), había ganado las elecciones de 1958 merced a un pacto que selló con Perón -exilado en Caracas y proscripto- por el cual el mandatario electo se comprometía a legalizar los sindicatos y otorgar un aumento salarial del 60 por ciento.
Una vez en la Casa Rosada, Frondizi estableció una agenda de gobierno basada en recortes en la administración estatal, congelamiento de salarios, reducción de obras públicas y un puntual cronograma de pagos con los organismos internacionales de crédito.
El 14 enero, el Poder Ejecutivo logró que el Congreso, en una tumultuosa sesión, aprobara la privatización del frigorífico, lo que desató la inmediata reacción de sus 9 mil empleados.
El dirigente del Sindicato de la Carne Sebastián Borro se puso al frente de una gran acción de protesta que movilizó a los trabajadores del Lisandro de la Torre, quienes en una multitudinaria asamblea decidieron la toma del establecimiento y se declararon en huelga.
La medida concitó el apoyo de los vecinos de los barrios de Mataderos, Lugano, Villa Luro y Floresta, que en solidaridad con la huelga se congregaron en la entrada del frigorífico, donde podía leerse una pancarta: “En defensa del patrimonio nacional”.
En la madrugada del 17, el gobierno ordenó recuperar las instalaciones con 1.500 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército, que ingresaron fuertemente armados y con el apoyo de tanques.
Cercados por la represión, los trabajadores apelaron al desesperado recurso de soltar la hacienda acumulada contra los uniformados, pero el ganado se movió poco y la situación dio pie para que se acuñara una frase entre los huelguistas: “Las vacas estaban cansadas”.
Los principales dirigentes de la toma son detenidos y 5.000 trabajadores de la industria de la carne fueron cesanteados tras la privatización.
Un día después, la CGT, conducida por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, lanza una huelga general por tiempo indeterminado que tuvo una alta adhesión, pero que fue levantada el 20 de enero.
En tanto, en Berisso, Ensenada y Dock Sud, localidades en las cuales se concentraban los establecimientos más importantes de la industria de la carne, fueron virtualmente ocupadas por las fuerzas del orden con el propósito de neutralizar las protestas.
Sin embargo, la agitación se extendió hasta el 22 de enero en fábricas de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y Rosario, lugares donde se concitó el activismo más combativo, que logró extender las huelgas y los paros incluso hasta el 24.
Aunque en términos políticos y laborales la toma del Lisandro de la Torre significó una derrota para los trabajadores, ya que no pudieron frenar la privatización del frigorífico, la medida de fuerza marcó el inicio de un período de alta conflictividad sindical.
A lo largo de 1959 se perdieron dos millones de jornadas laborales como consecuencia de las acciones directas de los gremios, y al año siguiente, la respuesta oficial fue poner en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por el cual miles de trabajadores resultaron movilizados de forma coercitiva.
El 18 de marzo de 1962, se realizaron elecciones legislativas y para gobernadores; el peronismo se impuso en Buenos Aires y otras 9 provincias más, pero presionado por las Fuerzas Armadas, Frondizi anuló esos comicios.
Sin embargo, el 29 de marzo, el Presidente resultó de todos modos derrocado por los militares, que designaron como jefe de Estado a José María Guido, que restableció las normas de proscripción y represión al peronismo que había fijado siete años antes la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.