El juez federal Sebastián Ramos decidió procesar a ocho ex funcionarios de la Alianza, entre los cuales se encuentra Federico Sturzenegger, por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” a raíz de la firma del recordado “megacanje” de la deuda externa que la Argentina firmó en 2001 con los organismos internacionales a instancias del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.
Ramos procesó al actual diputado por el PRO y ex presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger; y a los exfuncionarios Horacio Tomás Liendo, Ernesto Marcer, Guillermo Mondino, Jorge Baldrich, Julio Dreizzen, Norberto López Isnardi y Carlos Molina.
En la misma investigación ya había sido procesado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo; y en reiteradas oportunidades el juzgado solicitó que el ex embajador estadounidense David Mulford fuese traído a la Argentina para declarar como imputado, cosa que fracasó y por ahora el ex funcionario permanece prófugo.
En ese sentido, la Cámara Federal porteña había dispuesto la nulidad de un fallo que rechazaba la prescripción de la causa en la que Mulford es investigado por su rol de banquero y presunto impulsor del Megacanje.
“Ni la complejidad del hecho pesquisado ni la actividad instructiva desarrollada en los últimos años en el expediente permiten sustentar debidamente la prolongación de una incertidumbre que en su caso lleva 9 años”, indicó el Tribunal.
Pero tras esa resolución, el juez federal Ramos volvió a rechazar la prescripción para Mulford. Los procesamientos dispuestos ahora por el juez Ramos (que lo fueron las últimas horas del 2013 antes del inicio de la feria judicial de enero) habían sido solicitados por el fiscal federal Federico Delgado.
El ex funcionario Liendo al momento del “Megacanje” era jefe de gabinete del Ministerio de Economía; Baldrich ex secretario de Hacienda; Dreizzen ex subsecretario de financiamiento; Mondino ex jefe del gabinete de asesores de la cartera económica; Marcer, ex procurador del Tesoro y Sturzenegger, entonces secretario de política económica.
“Debo destacar que los imputados eran representantes del Estado Nacional, con antigüedad en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión”, sostuvo el juez en su fallo.
