La fiscalía pidió hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. El fiscal pide encarcelar a Cristina y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. Es por el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita”.
A Cristina se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Al respecto, la acusada dice estar “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria este martes.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, remarcó en sus redes sociales.
En la misma causa, Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez. Mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
El fiscal pide encarcelar a Cristina
“Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza”, marcó ante la corte.
“Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar “orgullosa” del trabajo de la fiscalía.
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público.
“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, aseguró el fiscal.
Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos.
Finalmente, el fiscal consideró que “se intentó esconder la corrupción” y que “en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política” porque “se optó por eludirla”.
Acusaciones contra el Presidente
Asimismo, el fiscal acusó al presidente Alberto Fernández, de haber defendido “puerilmente a su compañera de fórmula” cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
“No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”, dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación.