El Gobierno nacional oficializó el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estableciendo un nuevo valor de $317.800 a partir del 1° de julio. Esta decisión, publicada en la Resolución 5/2025 del Boletín Oficial, formó parte de un cronograma de aumentos progresivos. Esto se da en un contexto en el que no se logró acuerdo en el Consejo del Salario entre los actores empresariales, sindicales y el Ejecutivo.
La normativa vigente estableció un mecanismo de actualización escalonada, con incrementos distribuidos en cinco tramos que comenzaron en abril y concluirán en agosto de 2025. Según el esquema oficial, el salario mínimo arribará a $322.000 en ese mes. Este monto representa el nuevo piso legal para los trabajadores con sueldos más bajos dentro del sector formal. Aunque también arrastra efectos sobre un amplio abanico de políticas públicas, prestaciones sociales y parámetros previsionales.
En el proceso de fijación del nuevo SMVM, las partes requirieron varias instancias de negociación, pero la falta de consenso predominó en las mesas de trabajo dentro del Consejo del Salario. De este modo, la autoridad gubernamental instrumentó el aumento a través de un decreto, siguiendo el cronograma pautado en mayo. La decisión generó atención porque, más allá del monto nominal definido, la evolución del salario mínimo impacta en la vida económica y social de millones de personas.
Impacto en otros valores
Entre los efectos inmediatos, el ajuste repercutió en los haberes de los jubilados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según la legislación vigente, quienes se jubilaron sin recurrir a moratorias reciben un haber equivalente al 82% del salario mínimo. No obstante, este mecanismo solo activa un pago adicional cuando el salario mínimo supera el haber jubilatorio mínimo vigente, hecho que no se dio con los valores actuales. Especialistas remarcaron que tanto el atraso del SMVM respecto de la inflación como los mecanismos de movilidad deterioraron la relación entre ambos parámetros, incrementando la sensación de pérdida de poder adquisitivo entre sectores pasivos.
El ajuste del salario mínimo también influyó en la prestación por desempleo. Este beneficio se calcula en base a la mejor remuneración neta de los últimos seis meses laborales y toma como tope un rango fijado entre el 50% y el 100% del SMVM. El monto de la prestación se modificó automáticamente ante cada aumento del piso salarial, permitiendo un reajuste directo para quienes transitaban situaciones de desempleo formalmente reconocidas y cumplían con los requisitos legales.