El sobreseimiento se determinó porque en la compra de GNL no hubo sobreprecios durante la gestión kirchnerista. Así lo determinó una pericia que ordenó el juez. Fue por eso que se dictó esa resolución no solo para Cristina sino también para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el exsecretario Daniel Cameron y Walter Fagyas, entre otros intermediarios.
“Lo expuesto me permite reafirmar que en todo el período objeto de investigación -años 2008 a 2015- los precios abonados por ENARSA sobre los embarques con GNL que amarraron en este país – puntualmente en los puertos de Escobar y Bahía Blanca- y los servicios de agenciamiento marítimo prestados a tales embarcaciones por la firma ´Marítima Meridian SA´ -facturados a ENARSA-, se ajustaron a los precios de mercado. De esta manera, corresponde descartar la hipótesis investigativa relacionada con dichos segmentos de las maniobras defraudatorias”, dijo Ercolini en su resolución.
El resto de los involucrados, dijo Ercolini, “resultan ser ajenos respecto de los sucesos acreditados en esta instancia y que fueron elevados a juicio oral respecto de los nombrados, por lo que deviene procedente dictar sus respectivos sobreseimientos en los términos del artículo 336 inciso 4 del CPPN”.
“A esta altura no es posible determinar que las maniobras objeto de esta pesquisa configuren dicha conducta delictiva. Tampoco se han sumado otros elementos en el devenir de la investigación que permitan establecer que los imputados formaron parte de aquella asociación ni de sus diversos planes delictivos. En efecto, considero que los hechos denunciados y respecto de los cuales se avanzó a priori versaron esencialmente sobre conductas encuadrables en el artículo 173 inciso 7° en función del artículo 174 inciso 5° del CP -administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública-, mas no advierto que el accionar de los individualizados se adecúe en las previsiones del artículo 210 del CP (es decir la asociación ilícita)”, dijo.
En la causa de GNL, el perito que intervino en un comienzo, David Cohen, fue procesado por falso testimonio agravado. La defensa de Baratta lo había denunciado por haber utilizado un método “deficiente” de trabajo -calculó y comparó distintos tipos de gas- y por haber falseado u omitido los sitios de internet que citó como fuente de su informe.
La causa investigaba si hubo defraudación al Estado a través de la compra de buques de gas natural licuado. Estas actuaciones tuvieron su inicio a raíz de las denuncias realizadas por Juan Ricardo Mussa -Presidente de la ONG ´Paso por Paso Argentina´- el día 20 de octubre de 2014 y por los entonces diputados de la Nación Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo con fecha 21 del octubre de 2014. Concretamente, se denunció el posible pago de sobreprecios del fluido, la participación de intermediarios y pago de comisiones en el proceso de importación de GNL, en perjuicio de las arcas del Estado”.