La Cámara de Diputados volvió a sesionar este martes de manera presencial y con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Así la Cámara Baja aprobó la Ley de Etiquetado Frontal que ya tenía media sanción en el Senado.
En una sesión maratónica, que prometía extenderse por más de 30 horas, oficialismo y oposición aprobaron esta ley que busca visibilizar la información sobre los alimentos que se consumen a partir de un sistema de etiquetado que advierte sobre la presencia de excesos de azúcares, grasas o sodio.
Tras conocerse la aprobación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, festejó la sanción desde uno de los palcos del recinto.
En tanto Cecilia Moreau sostuvo: “Esta ley no hace más que reafirmar lo que dice la Constitución sobre el derecho de los consumidores a una información clara y veraz. No estamos legislando, por más lobby que haya habido, sobre ninguna industria, no queremos prohibir la comercialización de ningún alimento. Sólo queremos asegurarle al consumidor que le estamos dando información concisa de lo que consumimos”.
El proyecto, conocido como “Etiquetado Frontal”, fue sancionado sobre la medianoche con el apoyo mayoritario de los bloques (a pesar de que muchos de ellos bloquearon el tratamiento hace un par de semanas). Con más de 50 oradores inscriptos, y luego de un festival de apartamientos de reglamento, el debate se extendió durante más de ocho horas.
“Esta ley va a significar una ventaja también para la industria alimentaria, ya que le permite orientarse a una producción más saludable sin incurrir en mayores costos y le va a potenciar la inserción en mercados de consumo”, agregó Liliana Schwindt (FdT).
Por su parte, la diputada radical Brenda Austin, una de las impulsoras del proyecto por parte de la oposición, destacó la relevancia política de la iniciativa y celebró los acuerdos que habían permitido su sanción: “Es una realidad que la etiqueta que está al dorso resulta absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y, de ellas, sólo la mitad las entienden. No es posible entonces ampararse en el derecho a vender un alimento en base a ocultar el contenido de estos productos”, advirtió.
Sin embargo, las sorpresa fue el apoyo de les legisladores tucumanes del FdT, cuya adhesión al proyecto había sido puesto en duda debido al peso de la actividad azucarera en la provincia. “Dijeron que no íbamos a acompañar porque somos tucumanos, que íbamos a defender el azúcar, pero hemos dado el debate correcto atendiendo la salud pública”, sostuvo Pablo Yedlin, luego de plantear un par de modificaciones al proyecto, como la explicitación en la letra del proyecto que se hacía referencia a alimentos “procesados y ultraprocesados”.