El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodíguez Larreta abrió un centro de detención para adolescentes que no cumplan la cuarentena. Como resultado, organizaciones de derechos humanos repudiaron esta disposición y pidieron la inmediata derogación delcomunicado.
En el marco de la cuarentena , Horacio Rodríguez Larreta estableció por la disposición DI-2020-19-GCABA-DGRPJ que el centro donde funciona habitualmente la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy”, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio será utilizado para detener a los adolescentes que “muestren franca oposición al cumplimiento de dicha medida.”
La disposición de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, va en contra de los Derechos de esta población contemplados en la Constitución Nacional, así como de las normativas vigentes a nivel nacional (Ley 26.061) como de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 114).
Organizaciones sociales que se oponen a la medida sostienen que “hay que tener en cuenta que estamos en un contexto donde las niñas, niños y adolescentes de sectores más vulnerables la están pasando muy mal, formando parte de familias que hoy no están teniendo ingresos; siendo estudiantes de escuelas que están dando comidas de muy mala calidad, y en general viviendo hacinados, por lo que la cuarentena es muy difícil de mantener.”
“Sin embargo la decisión del gobierno de Larreta no es tomar medidas para que tengan una vivienda digna, medidas sanitarias y preventivas frente al posible contagio o alimentación de calidad. Sino que se refuerza una política represiva y de encierro, que ya sabemos que siempre cae en los sectores más pobres”,añaden.
Por ello, desde diversos organismos de derechos humanos, sociales y políticas se repudió esta resolución, y se le exige al gobierno la inmediata derogación de la medida, y que se tomen las medidas necesarias de inclusión social, teniendo a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como prioridad.
Como denuncia Alejandrina Barry, diputada porteña del FIT la medida apunta a la “criminalización de adolescentes en CABA, habilitarán un centro para la detención de menores que muestren franca oposición al incumplimiento de la cuarentena. Necesitan una casa digna, alimentacion saludable, ciudado, no Represión”.
En el comunicado suscrito por cientos de personalidades, organismos de DD.HH., movimientos sociales y territoriales y partidos políticos; se afirma que: “No existe ninguna medida que pueda ser adoptada respecto de delitos por los cuales niños, niñas y adolescentes no son punibles, como el incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas.
De nuevo el GCBA confunde pobreza con criminalidad e implementa sistema penal donde debe reforzar la protección de derechos.”
“Muy especialmente, expresamos nuestra preocupación en razón de cómo afecta esta situación a los y las adolescentes de los barrios más vulnerados, cuyas condiciones de vida y edilicias de sus hogares lejos están de cumplir con previsiones de salubridad, sumado a la falta de saneamiento de los barrios que se ven azotados además por la epidemia del dengue, la tuberculosis y el sarampión”, sostienen y añaden que “las medidas de aislamiento, por necesarias que resulten, no pueden ser valoradas con la misma vara en todos los casos, los y las adolescentes, han visto afectados los pocos espacios de educación, socialización y esparcimiento con los que cuentan y sus economías familiares fueron dramáticamente limitadas.”
Respecto a lo educativo, precisan que ” los mecanismos de aula virtual adoptados, reforzaron la exclusión del ya excluyente sistema de inscripción on line que dejó afuera a más 8000 niños, niñas y adolescentes. Sin conectividad ni medios para llevar a cabo sus tareas escolares mediante un ilusorio sistema de clases virtuales, se refuerza su impotencia y se pone en evidencia la falta de diseños de políticas adecuadas a los contextos más afectados.”
” De nuevo el GCBA confunde pobreza con criminalidad e implementa sistema penal donde debe reforzar la protección de derechos. Exigimos que el GCBA derogue la norma indicada, y refuerce las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en los sistemas de salud, protección contra la violencia intrafamiliar y policial, fortalezca el servicio de alimentación (teniendo consideraciones particulares para la primera infancia, la infancia y la adolescencia), ordene a las fuerzas de seguridad a actuar con trato respetuoso de los derechos y separe de su cargo a los agentes que no cumplan con su función en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes”, cierra el comunicado.
