El PRO quiere que los legisladores porteños voten este jueves como titular de la Procuración porteña a un hombre imputado por defraudación contra la administración pública al otorgar 40 terrenos en concesiones fraudulentas.
Entre ellas boliches de Costanera Norte, Shoppings, Centros de Exposiciones, estacionamientos y los llamados bajo autopista.
La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 39, María Paula Asaro, consideró en su dictamen de septiembre pasado en el marco de la causa N° 12.885/2014 que “Gabriel María Astarloa, titular de la Dirección de Concesiones del Gobierno porteño que ejerció desde 1° de agosto de 2013 hasta diciembre de 2015, realizó junto a otros investigados diversas maniobras de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional y local cometidas”.
La fiscal Asaro, que investigó a partir de la denuncia penal del legislador porteño Gustavo Vera, señaló en su dictamen que Astarloa, el candidato del PRO a la Procuración (hoy es formalmente el procurador adjunto aunque actúa interinamente como procurador general) y sus predecesores en el cargo Ezequiel Sabor (a cargo del área de concesiones entre el año 2009 y el 1° de octubre de 2011), Silvia Martha Imas (a cargo de esa área entre el 1° de octubre de 2011 y el 1° de agosto de 2013) “con personal integrante del área habrían actuado en asociación ilícita para conceder predios o explotaciones aparentemente a gratuidad o bien bajo aparentes cánones exiguos, tras lo cual se sospecha que recibirían dinero, dádivas, promesas directas o indirectas, favores o dinero en efectivo de las firmas y personas físicas beneficiadas por las concesiones para omitir la actualización de los cánones o la cesación de las concesiones”.
En el dictamen la fiscal Asaro señala que “la práctica sistemática, de los respectivos directores de la Dirección General de Concesiones, era eludir el procedimiento legal establecido en la Constitución porteña para la concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad que se extienda por más de cinco años, el cual, según la normativa específica (cf. arts. 104, incs. 23° y 24°, 82, inc. 5° y 89, inc. 5°) requería la aprobación por parte de dos tercios del total de los miembros de la legislatura porteña”.
En su investigación consideró la fiscal Asaro que para esquivar a la Legislatura los directores de Concesiones, entre ellos Astarloa, recurrían al otorgamiento de las concesiones, permisos o adjudicaciones por períodos menores a los cinco años establecidos, los que renovaban nuevamente previo a su vencimiento.
Esta metodología permitió a la Dirección General de Concesiones una absoluta discrecionalidad sobre el otorgamiento de los inmuebles de dominio público y sus respectivas renovaciones a favor de diversas empresas y personas físicas.
FUENTE: La Alameda