La resolución del Juez Gustavo Caramelo sienta un precedente valioso en la resolución de juicios de desalojo, que deja a quince familias como propietarias del inmueble ubicado en frente de la Plaza Solís, en el bajo del Barrio La Boca.
“Para nosotros, como vecinos del Barrio La Boca, la firma de la escritura efectuada el pasado lunes 4 de noviembre de 2014 en el Juzgado Civil Nº1 de la Nación, que sella la compra del conventillo donde habitan los socios de la Cooperativa de Vivienda Crecer en Ministro Brin, representa un avance significativo para el campo nacional y popular en relación al derecho a la vivienda”, señalan desde la cooperativa
Ayer las familias estaban intimadas a desalojar sus viviendas y hoy son propietarias, “lo que nos demuestra que la organización y la lucha son herramientas valiosas con las que cuenta nuestro pueblo”, rescatan.
El fallo de primera instancia obligó a Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad IVC a comprar la propiedad al dueño particular, e inscribirla a nombre de cada uno de los quince socios de la cooperativa. El financiamiento para la compra del conventillo se sustenta en el Programa de Autogestión para la Vivienda (Ley 341), que establece un sistema de acceso por parte de los vecinos a créditos individuales o cooperativos.
Durante el juicio intervino a favor de la cooperativa la Defensoría de Menores y La Comisión Nacional de Tierras (hoy Secretaría de Hábitat), quienes junto a la abogada de la cooperativa, compañeros de nuestra unidad básica “Resistencia Peronista” y referentes barriales, acompañaron a los vecinos en las distintas etapas.
Cabe destacar que el trabajo de los compañeros de la UBA “Construir desde Aquí” fue clave en las últimas etapas del proceso, sobre todo en relación al proyecto de refacción del conventillo. Ahora queda ejecutar las tareas para que además de ser propietarios, los vecinos tengan una vivienda digna.
“No podemos dejar pasar el hecho que los representantes del Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad IVC se opusieron en todo momento a la concreción del fallo, llegando incluso a apelar la resolución del juez entorpeciendo su aplicación. Aunque finalmente el IVC accedió a formar parte de este acuerdo, los constantes obstáculos que fueron poniendo al proceso reafirma que la política de vivienda y desarrollo urbano del actual gobierno de la ciudad está pensada para favorecer los intereses de los especuladores, aquellos buitres del mercado inmobiliario interesados en lucrar con el patrimonio de un barrio histórico”, destacaron.
A su vez, queremos elogiaron la actuación del Juez Gustavo Caramelo, quien fue un “excelente interlocutor”. En la firma de la escritura – donde también participó el escribano general de la Nación – el juez agradeció a cada uno de los actores; dio cuenta de lo complejo y trabajoso del proceso; hizo ver que cuando los actores se ponen de acuerdo y existen las voluntades se logra dar soluciones a quienes más lo necesitan.