Esta semana se realizó la presentación la resolución sobre emergencia climática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Ciudad de Buenos Aires.
El acto fue encabezado por Soledad García Muñoz, Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (REDESCA-CIDH).
La apertura fue de la ombudsman porteña, María Rosa Muiños quien se comprometió en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) afectados por la emergencia climática.
Muiños ponderó el documento al afirmar que “esta resolución nos va a servir para avanzar en políticas ambientales necesarias que resuelvan esta problemática que afecta a nuestra tan cementada Ciudad de Buenos Aires”.
A continuación, Soledad García Muñoz, presentó la resolución a la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
“Esta resolución busca reconocer cómo el cambio climático incide gravemente en los DESCA, afectando principalmente a los sectores vulnerables” señaló. Y agregó que “resulta necesario que los Estados Americanos tuvieran ciertas guías para incorporar este enfoque en sus políticas medioambientales”.
El impacto del DESCA
En la resolución se advierte el entrelazamiento que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente en pleno contexto de emergencia climática mundial.
Entre sus apartados señala que los cambios en los ciclos naturales de los ecosistemas, las sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, pérdidas de las líneas costeras han traído una amenaza importante. Vulnera una amplia gama de derechos: el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, salud, agua y el derecho a un ambiente sano.
Por otra parte, el riesgo de daño es alto para aquellos segmentos de la población en una situación de vulnerabilidad. Además debido a la discriminación y las desigualdades preexistentes, tienen acceso limitado a la toma de decisiones o recursos.
En ese sentido, impacta en mujeres; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; personas con discapacidad; personas que viven en asentamientos informales; migrantes; campesinos y personas que viven en zonas rurales.
Participantes del acto
Participaron Bárbara Rossen, titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente; Lionel Suárez, presidente de ADPRA, y Gabriel Savino, representante de ADPRA ante la FIO. La moderadora fue la directora de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría, Dolores Gandulfo.
El evento contó con la presencia de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón; la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez.
Entre los participantes se encontraban Defensores del Pueblo de todo el país, autoridades nacionales y del sistema de Naciones Unidas en Argentina, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil.
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