Sobre la encuesta específica (304 casos) que se hizo en las villas, se destacan los siguientes datos:
En cuanto al costo del alquiler el 37% del total de la población paga entre $500-$1.000 por mes, el 31.7% entre $1.001-$1.500 y un 25.5% entre $1.501-más.
Más del 80% de los habitantes relevados reside en piezas, en primer lugar bajo la forma de “habitación en casa de familia” (47.7%) y en segundo lugar mediante “pieza en inquilinato” (33.6%). Estas habitaciones son en general muy reducidas, en donde las familias deben compartir con otros el baño, y en algunos casos también la cocina.
El 26.4% expresa encontrarse con un alto riesgo a ser desalojado, bajo el argumento principal de “no cumplir con las condiciones exigidas de pago”, aspecto no menor si se toma en cuenta que más del 80% considera a la unidad habitacional que alquila como principal residencia. Al no contar con contrato formal ni constancia de pago estos habitantes pasan a encontrarse en una situación de alto grado de vulnerabilidad y absoluta desprotección.
Los inquilinos son en su mayoría jóvenes (entre 20 y 30 años), en buena medida con permanencia extendida en la villa, pero que al independizarse de la familia y/o formar su propio hogar deciden seguir viviendo allí alquilando un lugar.
El nivel educativo de quienes alquilan es bajo,en tanto la gran mayoría no ha finalizado el secundario, representando el 68.2% del total.
Mayoritariamente los inquilinos trabajan y muchos se encuentran ocupados en tareas que requieren de cierto oficio y/o calificación, aunque con niveles importantes de precariedad laboral y bajas remuneraciones, cualidades reforzadas en su condición mayoritaria de mujeres y migrantes.
El 43% de estos trabajadores tienen un ingreso promedio del hogar de 3.601 a 7.200 pesos, sin jubilación ni cobertura de salud. Un 69% de los inquilinos manifiesta no tener descuentos para su jubilación, del mismo modo, casi un 70% expresa no tener cobertura de salud en sus trabajos.