Las organizaciones AVINA, Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), denunciaron esta semana que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende construir dos plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos (MTB), en Nuñez (Planta Norte) y Villa Soldati (Planta Sur), que alejan a la Ciudad del cumplimiento de la Ley de Basura Cero.
“Este tipo de plantas, tratan residuos mezclados y desalientan la separación en origen por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo que rechazan un alto porcentaje de los residuos que ingresan, con lo que la basura que va a enterramiento no disminuiría. Exigimos que Rodríguez Larreta y Lousteau hagan pública la posición que adoptarán en caso de ser electos.”, expresó Soledad Sede de Greenpeace.
A diez años de la sanción de la Ley de Basura Cero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue enviando la mayor parte de la basura a rellenos sanitarios, cuando la meta fijada por la Ley era una reducción escalonada del 25% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017. Los objetivos de 2010 y 2012 no se cumplieron. A pesar de que en el 2013 se produjo una reducción significativa, los datos a 2014 muestran que el porcentaje de cumplimiento de la ley se alcanzó sólo en un 15% (1)
Ahora el gobierno de la Ciudad estudia actualmente dos ofertas de la misma empresa privada (UTE conformada por TECSAN (Benito Roggio Ambiental) y Sorain Cecchini Tecno España S.L.) para la construcción de la Planta Norte y de la Planta Sur, que prevé la producción de CDR – Combustible Derivado de Residuos –.
Además, en el pliego de la Planta Sur, el Gobierno menciona la posibilidad de incluir esta tecnología, cuya aplicación vulnera la Ley 1854 de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe la combustión de residuos sólidos, hasta que no se alcancen los objetivos de reducción de residuos destinados a disposición final, que aún no se han cumplido.
“Los candidatos a Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, deben pronunciarse en contra de la construcción de plantas de MTB, cuya tecnología obstruye la plena aplicación de la Ley y prioriza soluciones inmediatas que complotan contra su cumplimiento”, finalizó Sede.
