El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a fuerzas de seguridad federales y a la Dirección Nacional de Migraciones, rescató en los últimos días a 23 víctimas de explotación laboral y sexual en el marco de una serie de procedimientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Corrientes y Buenos Aires.
Uno de los operativos más relevantes se realizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde una persona de nacionalidad paraguaya solicitó “ayuda” a la Policía de Seguridad Aeroportuaria al relatar que la habían contactado en su país de origen ofreciéndole un “trabajo como mesera” en España, pero que comenzó a “sospechar” de la oferta laboral cuando llegó a la Argentina.
Al ser entrevistada por una profesional del Programa Nacional de Rescate, relató que le pareció extraño que le hubiesen hecho un pasaporte en sólo dos días y que le llamó la atención el dinero que le facilitaron, por ese motivo, teniendo en cuenta lo que había escuchado alguna vez sobre el delito de trata de personas, declaró que le dio miedo que no la dejaran regresar a su país y por eso pidió ayuda.
La mujer se encontraba en situación de vulnerabilidad extrema, debido a que tenía un hijo a quien mantener, y en Paraguay no le era posible conseguir un empleo formal con una remuneración que le permitiese subsistir, por eso aceptó el trabajo y el dinero en efectivo que le ofrecieron para gastos. En total eran mil euros y un pasaje a su nombre con escala en Roma y destino final en Madrid.
La víctima quedó bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y fue trasladada a una casa refugio del Ministerio de Justicia donde se le brindó asistencia, acompañamiento y protección.
Asimismo, cabe destacar que cuatro de los procedimientos realizados en los últimos días, se iniciaron a raíz de llamados recibidos a la línea 145, habilitada para recibir denuncias sobre este delito.
Durante mayo los llamados se incrementaron en un 60%, registrándose un total de 140 denuncias, en su mayoría procedentes de las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
