La diputada porteña María Rachid (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley por el que propuso modificar los nombres de cuatro de las calles que circunvalan a la embajada de Gran Bretaña, reemplazándolos por los nombres de distintos patriotas argentinos.
El primer nombre que sería modificado sería el de la calle donde se encuentra su entrada principal, llamada hoy Luis Agote, que sería reemplazado por el de Héroes de Malvinas. La legisladora planteó que “de esta manera, la nueva dirección postal para cursar las invitaciones a sus eventos sería la de ‘Héroes de Malvinas 2412´”.
Además, el proyecto propone la sustitución del nombre de la calle Guido, que corre por la esquina que ocupa la embajada y de la Plaza Gelly y Obes, ubicada a una cuadra de la sede diplomática, por el de Gaucho Rivero. La legisladora expresó que su propuesta es “en memoria del argentino que fue uno de los primeros habitantes en defender nuestra soberanía, al encabezar una rebelión que desconoció la autoridad impuesta por los británicos”.
“A su vez, la calle Gelly y Obes se llamaría Grupo Cóndor, en honor al operativo por el que un grupo de jóvenes argentinos y argentinas tomaron el control de un vuelo de Aerolíneas Argentinas para desviar su rumbo y aterrizar en las islas, donde izaron siete banderas de nuestro país”, explicó Rachid.
Finalmente, la calle Newton, que da sobre los fondos de la embajada, sería reemplazada por la de Crucero General Belgrano, en recuerdo de los caídos por el hundimiento del histórico navío.
De esta manera, se “desbritanizarían” los nombres de las calles adyacentes a la embajada inglesa, un país con el que Argentina sostuvo una guerra, algo que parecería no haber sido tomado en cuenta por las autoridades gubernamentales.
En otro orden y en sintonía con el proyecto anterior, Rachid también impulsa una iniciativa que establece una prohibición de abastecimiento y operaciones de logística a los buques de bandera británica en el Puerto de la ciudad de Buenos Aires, que contiene un régimen de penas económicas.
La propuesta se basa en el hecho de que casi todas las provincias argentinas que tiene puertos internacionales han sancionado leyes que prohíben este tipo de operaciones, normas que popularmente han sido llamadas ‘Leyes Gaucho Rivero’, señaló la legisladora.
