El Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 comenzará a juzgar este lunes las responsabilidades penales de 13 personas -entre empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y policías-, por el derrumbe de un entrepiso en el boliche «Beara» del barrio de Palermo que provocó la muerte de dos mujeres y más de 50 heridos.
Las audiencias comenzarán este lunes a las 9, aunque antes el tribunal integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achával, definirán una serie de pedidos que hicieron las partes en el juicio.
En el banquillo de los acusados estarán los responsables del boliche, exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas para permitir las irregularidades.
Los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess -socios en la firma que explotaba el boliche- están acusados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves».
También deberá afrontar este juicio el exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, acusado de los delitos de «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real».
Del mismo modo, están procesados con distintos niveles de responsabilidad, los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski.
En el grupo de acusados estarán también los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.
En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, el grupo «Ráfaga» ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50, el entrepiso en el que se encontraba el sector vip colapsó y se derrumbó sobre la planta baja.
Como consecuencia de la caída, murieron aplastadas Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.
Beara estaba habilitado en las categorías restaurante, café bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas, pero no como discoteca, y las pericias consignaron que el entrepiso, de unos diez metros de ancho por siete de largo y ubicado a unos diez metros de altura, era de «aluminio y durloc, con partes de madera».
Beara obtuvo su habilitación como bar en 2007 y dos años después sus propietarios pidieron la habilitación como «casa de fiestas privadas» pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces antes del derrumbe.
En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de «coimas» a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.
En la elevación a juicio, el fiscal Andrés Madrea remarcó que «tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche -así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos».