Los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires pidieron este lunes, durante la primera reunión paritaria con el Gobierno porteño, una suba salarial que tenga en cuenta “la inflación prevista” para el 2021, pero el Ministerio de Educación supeditó las definiciones al cierre de la paritaria a nivel nacional.
Así lo informaron a Télam fuentes de la cartera educativa local y de los gremios que participaron de la mesa “sobre el salario y las condiciones laborales”, convocada en la sede del Ministerio en el Barrio 31 de Retiro, encabezada por el subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal.
Las fuentes indicaron que la decisión es “no hablar de cifras hasta tanto no se defina la paritaria nacional”, tal como habitualmente lo hace la administración porteña ante el inicio de cada paritaria docente, y anunciaron que continuarán las conversaciones durante la semana.
“Vidal escuchó a los representantes de los 17 sindicatos que expusieron sus expectativas para el año”, señalaron desde la cartera educativa, y precisaron que “durante los primeros días de febrero los docentes de la Ciudad percibieron el bono de $4.000 para jornada simple y $8.000 para jornada completa que fue parte del acuerdo 2020”.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) indicó que “los representantes del Gobierno de la Ciudad no realizaron ninguna propuesta, ni ofrecimiento salarial para el año 2021 y se pasó a cuarto intermedio”.
“Desde la UTE planteamos que el aumento 2021 debe contemplar dos aspectos: la inflación prevista para el año en curso y, por otro lado, un proceso de recuperación de lo perdido durante los últimos cinco años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta”, remarcó en un comunicado.
El gremio sostuvo que “debe ser una paritaria abierta todo el año” y exigió “que el Gobierno cumpla el fallo judicial que obliga a aumentar las asignaciones familiares que congeló en el año 2013”.
Ademys, en tanto, informó que planteó “una cifra concreta” que fue acordada en una asamblea de delegados que contempla “55 mil pesos de salario inicial del cargo testigo equivalente a un aumento del 50%, blanqueo de cifras y recuperación del salario familiar y la incorporación de la cláusula de indexación”.
“También sostuvimos la demanda de que se habiliten las dispensas por convivencia con familiares de riesgo, y por cuidado de hijos”, manifestó y agregó que pidió “modificar la resolución 516 que impide tomar cargo a personas de riesgo, como es el caso de las compañeras embarazadas, lo que constituye un gravísimo ataque a nuestros derechos laborales”.