
El pasado 12 de enero de 2015 el juzgado de feria Nro. 3 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA intimó al GCBA para que en el término de 3 (tres) días corridos provea de agua potable a la población que reside en el Barrio “La Esperanza”.
El asentamiento La Esperanza se encuentra ubicado lindante a la Autopista Pres. H. Cámpora y la Av. Riestra, en Villa Soldati, Comuna 8, CABA.
Surge en el año 2009 como consecuencia del incendio de una manzana del Barrio Piletones y desde aquella fecha sus habitantes no hemos recibido asistencia alguna por parte del Gobierno de la Ciudad. Habitamos allí aproximadamente 500 personas, de las cuales cerca de 200 son menores de edad.
Estas cifras provienen de un censo que hemos elaborado los propios vecinos, ya que el GCBA siempre se negó a realizar el relevamiento poblacional. Los organismos responsables continuamente argumentan que el barrio no está reconocido institucionalmente.
Las instalaciones de luz son precarias y provocan cortes constantes, actualmente no cuentan con ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar específico donde volcar los desechos domésticos, muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra agravando las inundaciones los días de lluvia e imposibilitando la circulación y acceso, y lo que es más grave de todo: desde hace meses prácticamente no tienen agua.
“Por ese motivo, y ante la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados del barrio iniciamos un reclamo judicial con el acompañamiento de la Corriente Política 17 de Agosto”, señalan.
Ese reclamo tuvo eco el pasado 12 de enero cuando el Dr. Dario E. Reynoso, juez de feria, a cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo nro. 3, tuvo en cuenta las razones de urgencia por nosotros esgrimidas, y ordenó al GCBA a garantizar, mediante la colocación de camiones cisterna suficientes, el suministro de agua potable en el barrio (Expediente 39195/0).
Por otra parte, en otra presentación judicial, los vecinos solicitaron al Sr. Juez que ordene también al Poder Ejecutivo local a garantizar la recolección de residuos. Este servicio sólo se realizó excepcionalmente entre octubre y diciembre del año 2014, a través de un servicio de recolección domiciliaria a cargo de la Gerencia Operativa de Zonas Vulnerables del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Mayep), servicio que fue suspendido el pasado diciembre, sin haberse reestablecido hasta la fecha. El barrio nunca contó con provisión de container ni servicio de camión recolector, lo cual configura una grave situación ambiental y sanitaria.
“En este marco, denunciamos el total abandono por parte del GCBA de nuestro barrio, y afirmamos que seguiremos luchando por un barrio digno y habitable. La reciente resolución judicial es un logro de nuestra pelea y una respuesta a las cínicas instituciones que quieren ser ciegas a nuestra existencia y a nuestras necesidades”, marcaron los vecinos en un comunicado.