La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa General de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto conjunto para llevar adelante la integración urbana de ese barrio, paralizada por una sentencia judicial que contó con el aval del gobierno de Mauricio Macri.
“El barrio (ubicado en la Costanera Sur) está integrado a la Reserva Ecológica y a la ciudad, y lo que queremos es que se complete su integración, esto es que lleguen los servicio públicos como le llegan a cualquier vecino de la ciudad”, indicó el Defensor General, Horacio Corti.
Durante una conferencia de prensa realizada junto con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, en el local de la junta vecinal del humilde barrio ubicado entre la Reserva Ecológica y la antigua ciudad deportiva del club Boca Juniors, Corti se mostró esperanzado en que la iniciativa prospere en la Legislatura porteña.
Emplazado a pocas cuadras de Puerto Madero, el barrio cuenta con cerca de 2 mil habitantes y debe su nombre al cantante bailantero “Rodrigo”, fallecido en el 2000 en un accidente automovilístico.
El gobierno porteño hizo pública en varias oportunidades su intención erradicar la villa, tal como lo reclama un grupo empresarial que pretende construir una torre en los terrenos de la antigua ciudad deportiva.
“El barrio lentamente se va creando y algún tipo de servicio llega, pero llega mal porque hay riesgo eléctrico con peligro del incendio, empieza a haber agua pero no agua potable en todas las manzanas y así sucesivamente”, dijo el funcionario.
“Lo que nosotros queremos es que haya una real urbanización e integración del barrio y eso fue lo que pedimos judicialmente, y en una forma insólita para nosotros los jueces han dicho que no correspondía esa urbanización”, apuntó.
En relación a la postura del gobierno de la ciudad, Corti dijo que éste “avaló la decisión judicial y por eso nosotros hemos apelado la medida ante el Tribunal Superior de la ciudad y esperamos que sus jueces vean lo que el barrio está haciendo y reconozca su derecho a la urbanización”.
“Lo que queremos nosotros es que los jueces vengan al barrio porque lo que ha sucedido es que se han tomado decisiones sin ver a los vecinos y sin recorrer estas calles, algo que es realmente insólito porque un juez debe resolver un situación al lado de los vecinos y no desde su escritorio”, puntualizó Corti.
Amor, por su parte, dijo que es necesario que “el Estado tenga presencia con todo lo que los vecinos necesitan”.
Aseguró que en la ciudad de Buenos Aires, en general, “existen 200 mil personas que no tienen ni agua potable ni cloacas y eso no es otra cosa que ausencia del Estado”.
“La lógica -dijo- es que el Estado tiene que estar presente donde existe el mayor nivel del vulnerabilidad y esto significa integrar socialmente a todos los vecinos”.
El defensor del pueblo anticipó que la idea “es avanzar también con un Proyecto de Ley de urbanización y de integración social de todos los barrios de la ciudad”. “Para ello queremos que participen los vecinos, la facultad de arquitectura y la Asociación de Arquitectos juntos con el Estado”, agregó.
“Esto no tiene que ser el problema de un gobierno sino una política de estado permanente hasta la integración social de todos los vecinos”, apuntó.
“Lo que tenemos que tener es una política clara y la determinación de un porcentaje del presupuesto de la ciudad para que sea quien fuere el gobierno que esté, lleve adelante la integración social de todos los sectores”, afirmó Amor.