Hubo amenazas hechas por el fiscal y el juez a través de la Policía Metropolitana a algunos integrantes de la toma”, marcó Rodrigo Segovia, de la Corriente Villera, y precisó que los allanamientos se realizaron en domicilios de “siete personas que están acusadas de instigadores o iniciadores de la toma y de haber vendido terrenos”.
“”En mi caso le allanaron la casa y la pizzería a mi papá, también la librería de una señora que cocinaba para los chicos de acá y la mutual del ex presidente de la villa, Marcelo Chancalay. Piensan que somos una organización y nosotros nada que ver””, contó uno de los delegados de la toma. Según relató, a su padre le dijeron: “Sacás a tu hijo de ahí y te levantamos la clausura”.
Los delegados enmarcaron esta avanzada judicial en una disputa entre dos sectores de poder dentro de la Villa 20 –uno encabezado por Chancalay y otro por el actual presidente, Víctor Núñez–, de la que no participan las familias usurpadoras que, no obstante, sufren las consecuencias. “Ellos “quieren meter acá sus cooperativas, sus proyectos, se están peleando por llenarse los bolsillos y nosotros quedamos en el medio””, lamentó otro de los ocupantes, Matías.