Vida comunal

Una empresa privada quiere cerrar la entrada al barrio

Se trata de una de las dos únicas calles de entrada al Barrio Inmigrantes. Vecinos denunciaron que la compañía de transporte de cargas intenta cerrar la calle para convertirla en un estacionamiento.

Los vecinos denuncian a una empresa de transporte.

Vecinos de uno de los cuatro barrios de la Villa 31 denunciaron ante la justicia que una empresa privada de transporte de cargas intenta cerrar una de las dos calles principales de acceso al lugar para transformarla en un estacionamiento.

«Una calle es una calle y yo tengo que poder andar y circular. Pero si ahora es de ellos porque se lo vendieron, cedieron o adjudicaron, queremos que lo demuestren», afirmó Jorge, uno de los vecinos denunciantes.

Acusan a la firma Capitán Cortés de pretender eliminar la cuadra final de la calle 10, aquella que conecta uno de los dos ingresos al barrio con la neurálgica calle 5 y pasa frente al predio concesionado a la empresa transportista.

Los denunciantes aseguran que si la compañía sigue adelante con sus planes, la calle se verá reducida a un estrecho pasillo de unos 2 metros de ancho, de modo que los habitantes del barrio sólo podrán cubrir a pie la cuadra que separa la entrada del caserío con la próxima calle.

«Esta calle, como la 5 y la 8, son oficiales. No es que yo les puse el nombre: en los mapas están, en la reglamentación urbanística también», acotó Lourdes Phaxsi, referente barrial.

La denuncia fue realizada ante la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) que el ministerio Público Fiscal de la Nación tiene en la Villa 31, donde recibe denuncias, realiza asesoramiento jurídico y acompañamiento de las víctimas, y facilita el seguimiento de los procesos penales.

Conformado en 1948 por trabajadores portuarios venidos de Italia, el Barrio Inmigrantes constituye el núcleo originario de lo que más tarde se conocería como Villa 31: se extiende sobre la traza inconclusa de la Avenida Gendarmería y está aislado del resto de los sectores por predios concesionados a distintas empresas.

Desde la empresa dijeron que tienen la concesión del predio desde el año 1989 y «se está negociando la renovación, pero no se va a privar jamás el acceso a la villa de una ambulancia».

«Puede llegar a ser legal, pero si hay una necesidad de los vecinos, un barrio que está encerrado y no tiene acceso a los servicios públicos, hay que darles alguna alternativa», aseguró la coordinadora de Atajo, Lucía Battistuzzi.

El conflicto probablemente no se habría suscitado si el PRO permitiera la aprobación de la reglamentación de la ley 3343 que, aprobada por la Legislatura porteña en 2009, establece la apertura de calles, la construcción de escuelas y servicios de luz, agua y gas en las villas 31 y 31 bis, donde se calcula que viven unas 60 mil personas.