Tras casi un mes de la tragedia de Villa Soldati en la que tres adolescentes cayeron de un sexto piso al ceder una baranda en mal estado -y uno de ellos murió en el momento-, los dos sobrevivientes volvieron a sus casas tras haber sufrido graves politraumatismos, intervenciones quirúrgicas y quedar con secuelas físicas y psicológicas, mientras los vecinos denunciaron que los problemas edilicios siguen sin solución.
Gastón Salinas, de 14 años, fue dado de alta este mediodía del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, en el barrio porteño de Palermo, y Lihuel, de 13, que fue internado en una clínica de San Justo en el conurbano bonaerense, también fue dado de alta en el curso de esta semana.
“Estoy muy bien”, contó Gastón poco antes de salir del hospital con su padre, y aseguró que lo primero que iba a hacer era “visitar a Lihuel, que ya está en su casa, le dieron de alta en la semana”.
“Me tuvieron que operar del fémur, me pusieron un clavo, por eso me va a quedar una dificultad en la pierna y también en el codo”, relató tras recordar el momento del accidente: “Subíamos rápido por la escalera y cuando llegamos al sexto nos apoyamos en la baranda y caímos”.
En tanto, su papá aseguró que “en ese momento había otros dos amigos, uno que estaba en el sexto piso y otro abajo esperándolos; ellos vieron todo, como mi hijo, que no perdió nunca la conciencia”, y añadió: “No sabés lo feliz que estoy de llevármelo a mi casa”.
Gastón reportó que “Lihuel está bien. A él lo operaron de la cabeza porque tenía fractura de cráneo, y también tiene el pie quebrado”.
En tanto, al barrio “vinieron ayer cinco obreros de una cooperativa que comenzaron a hacer la mezcla para arreglar la escalera”, señaló María Eugenia Andicoechea, la vecina que inició en 2009 una causa judicial por la falta de obras en el lugar en el que el 4 de septiembre cayeron los chicos.
“Mandaron una cuadrilla y pusieron unas maderas en las barandas, pero todo esto es un parche. Es un horror porque hubo una muerte y acciones judiciales durante seis años por la falta de obras, y la respuesta es mandar a cinco obreros después de un mes de la tragedia”, enfatizó.
Otra vecina, María Dotti, coincidió en que “esta cuadrilla puede hacer pocos arreglos, cosas menores pero las de fondo no”, y enumeró algunos de los problemas más graves que permanecen sin resolverse, como “la electricidad, que hay partes electrificadas, hay tanques de agua que chorrean, hay falta de agua, problemas de cloacas, fugas de gas, falta de funcionamiento de los ascensores, problemas de escaleras y barandas”.
Por su parte, Jacinto González, otro vecino del barrio, afirmó que “acá sigue todo igual: el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) vino a mirar, pero nada, las escaleras siguen igual y las barandas también, se mueven todas; hay sentencia firme para que realicen todas las obras y no hacen nada”.
El Complejo de Villa Soldati, que cuenta con 2.300 departamentos, fue declarado en emergencia edilicia y ambiental en el 2001 a través de la ley 623, y se dispuso que el gobierno de la Ciudad debía ejecutar las obras para solucionar las fallas estructurales que presentaban los edificios.
Los vecinos promovieron una acción de amparo en el año 2009 al ver que las obras no se ejecutaban, especialmente en el edificio 14, nudo 10 -desde donde cayeron los tres chicos- y en el edificio 18.
En el 2011 un juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ratificó los términos de la ley del 2001, pero el gobierno porteño apeló la sentencia, la cual quedó firme el el año pasado cuando la Cámara ratificó lo actuado por el magistrado.
En forma paralela a esa denuncia, en diciembre pasado comenzó a tramitarse otra causa para que el gobierno porteño cumplimente obras de infraestructura en el edificio 35 (ex 20) del mismo complejo, el cual presentaba las mismas fallas que el 10, donde falleció el adolescente.
Tras la muerte del adolescente y la movilización vecinal, la jueza Patricia López Vergara realizó una serie de procedimientos -como allanar el IVC- para verificar si lo dispuesto por el juez original de la causa, cuyo fallo quedó firme, se había cumplimentado.
Pero la magistrada fue recusada por la administración de Mauricio Macri, que consideró que López Vergara actuó con “enemistad manifiesta y adelantamiento de opinión”.
Tras ese episodio, quedó al frente de la causa el juez Martín Converset, quien tomó conocimiento de un informe de Defensa Civil que califica de “extremo riesgo” la situación del edificio, informaron fuentes judiciales.