La diputada Ocaña junto con un grupo de diputados tildó de “irregular” la adjudicación de los trabajos ala empresa a cargo.
“Hubo una adjudicación directa a una empresa como Terminales Terrestres Argentina SA, cuyo dueño, Néstor Otero, estaría fuertemente involucrado en varios hechos de presunta corrupción, en complicidad con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime”, criticó.
La ex ministra de Salud de la Nación cuestionó además que el predio, que la Ciudad entregó a la compañía mediante un contrato de leasing (alquiler con derecho de compra), “quedará en manos de un privado”. Y agregó: “No se trata de una concesión. La empresa pagará una cuota por la financiación durante 18 meses a la tasa más baja del mercado.
La intervención de Terminales Terrestres Argentina SA, indicaron en conjunto los legisladores, es una “privatización encubierta” del terreno sobre el cual se asentará.
Respecto de las denuncias sobre la presunta adjudicación irregular, voceros de Desarrollo Económico explicaron que “la concesión de un servicio público solamente puede ser otorgada por aquel poder del Estado que presta dicho servicio y delega la prestación del mismo en un particular, a cambio de un canon y bajo ciertos controles y compromisos de inversión”.
“El Gobierno porteño no es el poder estatal que tiene bajo su competencia el tráfico interjurisdiccional; por ende, no puede concesionar su explotación. En el contrato de leasing se estableció que el único uso al que podrá ser destinado el predio es una terminal de transporte interjurisdiccional. El privado deberá obtener los permisos correspondientes, nacionales y locales, para funcionar. Si no los obtuviera, no puede darle otro destino”, agregaron.
La nueva terminal funcionará en un predio de cuatro hectáreas, situado entre las avenidas Dellepiane y Perito Moreno y lldati. Fue ideada con los objetivos de desconcentrar las operaciones de Retiro -que tiene unos 1800 servicios por día- y favorecería a los vecinos del sur porteño.