Opinión

La judicialización de la política

La ciudad atraviesa varios conflictos. La emergencia a la luz pública de la ausencia de vacantes suficientes en la educación pública, sobre todo en los barrios del sur, acapara la mayor notoriedad. En un andarivel de menor visibilidad recorre el achique de diversas áreas del sistema de salud, en especial el alevoso recorte de los servicios de emergencia pediátrica, a los que recurren los más pobres entre los porteños.

El Gobierno porteño tiene varios conflictos sociales.
El Gobierno porteño tiene varios conflictos sociales.

También la desarticulación del programa de asistencia a las víctimas de violencia, el descabezamiento del programa de orquestas infantiles y juveniles o el desmantelamiento del Parque de la Memoria, por citar algunas acciones últimas del gobierno de Macri que, como el desalojo violento de los talleres protegidos del Borda, avanzan en el establecimiento de un estado que cambia derechos por beneficencia.

Con la protección del sistema mediático, que oculta o desinforma activamente sobre estas acciones, reduciéndolas a lo anecdótico, cuando las registran, el macrismo prosigue sin mayores costos electorales. Encarna una visión del ejercicio gubernamental largamente distanciado del pluralismo, el diálogo y la tolerancia que reclaman de las instancias nacionales. Ejercen la autoridad del estado democrático como si fuesen expresiones de una dictadura.

Así, sin espacio para la negociación, el reclamo ciudadano se enfrenta a niveles crecientes de violencia que, con sabiduría, no incrementan los diferentes movimientos sociales afectados. El macrismo es hábil para tirar la piedra y esconder la mano. Con rapidez descalifica a sus oponentes como violentos. Sabe jugar a ser la víctima.

En la encerrona, sin salida política, muchos piensan en recurrir a la justicia para reclamar por los derechos individuales o colectivos conculcados. El reclamo se convierte en un expediente, que otro poder del estado debe examinar para determinar la justicia de lo demandado. Esto genera un debate entre las fuerzas involucradas. ¿Es válido judicializar la política?

El eje de del argumento que responde por la negativa es el siguiente: Macri ejerce un mandato válido conferido por los ciudadanos. Cambiar las políticas en democracia obliga a cambiar las mayorías. La movilización y la presencia pública del reclamo sirve para ejercer presión al poder político y resistir sus políticas pero, en especial, para poner en debate ante la opinión pública los hechos y recabar adhesión para la posición propia.

Pero la espera desespera. Y muchos aprendieron que se puede recurrir al atajo de una intervención judicial. Un recurso que habilite una suspensión de la decisión política, congele la situación o la retraiga. En muchos casos da resultado. También como táctica para visibilizar ante la opinión pública el conflicto y la validez del reclamo. Si la decisión judicial respalda a los demandantes (algo que no siempre sucede), su postura se reviste de mayor legitimidad ante quienes observan los hechos desde afuera, sin conocer la entretela de lo que se debate.

El macrismo no se quedó de brazos cruzados ante este proceso de judicialización de los conflictos sociales y políticos. Operó sobre la justicia. En principio, aprovechó su ventaja táctica en la legislatura para promover a la magistratura a un conjunto de personas que le son afines política e ideológicamente. Últimamente además, aprovechando el camuflaje mediático que le brindan las usinas de la oposición, simplemente ignora las decisiones judiciales. ¿Un ejemplo? Esta semana el cesanteado y largamente reconocido Claudio Espector, hasta ahora director fundador del programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, a quien la legislatura honrara el año pasado como personalidad destacada de la cultura porteña, no pudo reasumir su cargo pese a una sentencia judicial que así lo ordena.

No es el único caso. Se podría hacer una larga lista para fatiga de lectores y del cronista. Del mismo modo que muchas leyes no se aplican o se lo hace de un modo que atenta contra los principios que establece. Tal el caso de Comunas, en manos del PRO un zombie condenado a la inacción y la incivilización, mientras que el Maquievelo que está a cargo de su administración, jura y perjura que están cumpliendo con la ley y la Constitución porteña.

Así las cosas, la ciudadanía cada vez tiene más vedada la posibilidad de acceder a la justicia. ¿División de poderes? ¿Respeto a la ley? ¡A quién le importa! Por lo visto, al macrismo no.
Lic. Gerardo Codina