Sociedad

Fiscal pide que se siga investigando a Macri y Vidal por la represión en el Borda

Fuentes judiciales informaron que Sáenz calificó de “prematuro” el cierre de la causa contra los funcionarios y que restaban medidas de prueba por realizar, lo que fue apoyado por las cinco querellas de la causa, en una audiencia ante la Sala IV de la Cámara.

Investigan la represión en el Borda.

El fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz, pidió el viernes que siga la investigación sobre el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; la vicejefa, María Eugenia Vidal, y la cúpula del Ejecutivo de la Ciudad por la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda en abril del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que Sáenz calificó de “prematuro” el cierre de la causa contra los funcionarios y que restaban medidas de prueba por realizar, lo que fue apoyado por las cinco querellas de la causa, en una audiencia ante la Sala IV de la Cámara.

Además de Macri y Vidal, el fiscal pidió que se reabra la causa contra el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y su segundo, Ricardo Pedace.

Todos los funcionarios fueron sobreseídos en diciembre pasado por el juez de instrucción Jorge López, que solo procesó al comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth por el delito de lesiones leves.

El juez López sí procesó a cinco empleados del Borda por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

La represión en el Borda ocurrió el 26 de abril del año pasado cuando trabajadores del hospital y delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protestaban por la demolición de un taller de carpintería y herrería donde trabajaban enfermos mentales.

En el lugar el Gobierno quería construir un centro cívico. La Metropolitana reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos y dejó un saldo más de 35 heridos.

El fiscal Sáenz quiere que se siga investigando quién dio la directiva de demoler el taller ya que había una orden judicial de no tocar el lugar hasta que se resuelva una demanda presentada por ATE.

“La orden de demolición fue en violación a una medida precautelar vigente que impedía el procedimiento”, sostuvo Sáenz ante los jueces Alberto Seijas y Carlos González.

Esos magistrados son los que ahora deben resolver si reabren la causa contra los funcionarios o confirman sus sobreseimientos.

Por su parte, las defensas pidieron que se confirmen los sobreseimientos y así cerrar definitivamente la causa.

El ministro Guillermo Montenegro es defendido en la causa por su esposa, la abogada María José Labat, del estudio del ex Procurador General de la Nación Esteban Righi y también defiende a los jefes de la Metropolitana Giménez y Pédase.