Opinión

En el país de Nomeacuerdo

Fue en el año 67 que María Elena Walsh publicó aquella canción infantil que recordamos en el título y que muchos miraron entonces como una cruda reflexión sobre Argentina. Un país que no podía (aparentemente) aprender de su historia y se condenaba una y otra vez a repetir su trágicos desencuentros. Como entonces, los que quieren el olvido son los cómplices de los que cometieron crímenes en el pasado.

El Parque de la Memoria ya no es importante para Macri.

El estilo no es brutal, sino más bien descuidado, como casual. La administración Macri avanza en estos días otra vez contra la memoria del terrorismo de estado y de paso, trata de hacer invisibles a las víctimas de otros delitos aberrantes. Todo en simultáneo. La Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad ha realizado en estos pocos días de enero dos acciones que, sobre todo, impactan por su valor simbólico. La invitación a los trabajadores contratados del Parque de la Memoria a renunciar a sus funciones, si estaban disconformes con el congelamiento de sus haberes y la paralela cesantía de quienes sostenían el Programa de Asistencia a Víctimas de Delitos Sexuales, van en una misma dirección: el olvido y la impunidad como política de estado.

La Junta Interna de ATE de la Subsecretaría denunció el martes 7 de enero en un comunicado “la nefasta política implementada por Claudio Avruj (Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) y Leonardo Szuchet (director del Programa de Asistencia a las Víctimas)”, a quienes responsabilizan por ambas decisiones. “Esos dos funcionarios porteños evidenciaron que su modelo de gestión es la precarización laboral y el vaciamiento de la política pública de derechos humanos”, señaló el comunicado, que firmó la secretaria de comunicación de ATE porteña, Analía Lucero. “Con despidos, salarios de miseria, amenazas y persecución política peligran los programas, es decir, la atención a víctimas de vulneración de derechos y el Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, explica la Junta Interna.

Alguno podría objetar que se mezclan peras con manzanas. Que las víctimas del terrorismo de estado no son lo mismo que las que sufrieron delitos sexuales. Pero lo que junta ambas cuestiones no es sólo la simultaneidad de las acciones de la administración macrista. Marcan el rastro de una política que se desentiende de los más vulnerados y que prefiere el olvido y hacer oídos sordos a los reclamos de justicia de las víctimas. Como si fueran problemas privados, de los que el Estado no debiera ocuparse.

Para abundar sobre la cuestión, el propio titular del Gobierno porteño, hablando de otro tema, volvió a mostrar en estos días la misma hilacha. «La Ciudad de Buenos Aires no está en condiciones de satisfacer los reclamos de viviendas que pretenden los manifestantes», dijo Macri, refiriéndose al reclamo de habitantes de la Villa 31 que cortaron la Autopista Illia durante una semana.

“Cuando en 2010 se desató el conflicto del Parque Indoamericano, Macri dijo lo mismo. No eran 20 familias como se afirmó esa vez, sino 13 mil personas las que estaban reclamando. Pero es sintomático de la política habitacional del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires: no ha hecho absolutamente nada desde que asumió y no ha dado solución a los conflictos de vivienda”, sostuvo la legisladora con mandato cumplido Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica-Unen), según informó el portal Infonews.

Parecen cabos sueltos. Reacciones destinadas a responsabilizar a otros de los problemas que debe resolver la Ciudad. Acciones dirigidas al posicionamiento electoral y a captar las voluntades de un electorado de derecha que no tiene un partido orgánico en nuestro país. Es que los dichos de Macri siempre tienen una lógica pensada para su repercusión mediática.

Pero las acciones de funcionarios de segunda línea como Avruj y Szuchet, muestran de manera más acabada la ideología que inspira a nuestros gobernantes. Una que haciéndose la distraída, empalma directamente con la que, a lo largo de nuestra historia, entendió que el conflicto social se resolvía con represión, acallando las protestas, olvidando a las víctimas. A ese país “de Nomeacuerdo”, donde todo era repetición, olvido y volver a empezar, es donde nos quieren llevar.

Gerardo Codina

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