El conflicto salió a flote tras el recorte ordenado por el Ministerio de Salud. Y si bien las diferencias entre directivos de los hospitales y las autoridades ministeriales se resuelven, en general, puertas adentro, esta vez hubo una excepción que rompió la regla: en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano, Alberto Monchaboln Espinoza, su director, renunció luego de negarse a aplicar el ajuste.
No acusaron recibo 12 de los interpelados. Pero el Consejo de Asesoramiento Técnico Administrativo del Hospital Moyano devolvió una respuesta contundente. “La Resolución 1657 es de imposible cumplimiento, en virtud de que afectaría la atención de las más de novecientas pacientes internadas y del más de centenar de pacientes que se atienden en los consultorios externos.”
El Moyano es el único hospital porteño que atiende a mujeres con patologías psiquiátricas. Además de las internadas, se atienden unas 6 mil consultas mensuales en forma ambulatoria.
Aunque la demanda de atención crece sin pausa, desde 1992 que no se nombran psicólogos titulares, que son apenas 24.
En el Moyano el recorte implicaba reducir a la mitad las horas de suplencias de guardias (pasaban de 500 a 250 horas mensuales). En la práctica, cinco áreas del hospital quedaban fuera de servicio y otras siete se reducían drásticamente. Esto, según los directivos, ponía en riesgo el funcionamiento del hospital.
En otra nota, el director del Moyano, Monchaboln Espinoza, informó que todos los jefes de unidad de los servicios asistenciales le solicitaron conservar las horas de suplencias de guardia para poder “sostener los servicios en funcionamiento”.
Monchaboln Espinoza decidió no aplicar la resolución 1.657 porque la “estructura de recursos humanos es escasa, y de darse cumplimiento efectivo al número establecido por la resolución la mayoría de los servicios se quedaría sin profesionales que asistieran a las pacientes (tanto internadas como de consulta externa)”. Luego, dio en la médula del problema: los cargos son cubiertos con suplencias de guardias ya que “no fueron concursados porque carecen de vacantes”.
La renuncia de Monchaboln Espinoza no bastó. En su lugar nombraron a una vicedirectora (es decir, el hospital está virtualmente sin dirección), Norma Derito, quien anunció su intención de “ordenar” el Moyano. Derito desplegó inmediatamente el manual de la persecución laboral. Primero, intentó poner en marcha el ajuste al que se había negado Monchaboln Espinoza, aunque se encontró con la resistencia del Servicio Social y el área de Psicología. Luego, autorizó el desembarco del Ministerio de Modernización, que puso en marcha seis auditorías en forma simultánea.
La Asamblea de Profesionales del Hospital Moyano elevó un informe a la Defensoría del Pueblo exigiendo una intervención ante la delicada situación. En donde relatan, entre otras cuestiones, que los agentes del Ministerio de Modernización “controlan meticulosamente tanto los horarios de ingreso y de salida como los partes y comisiones”.
También se hicieron auditorías en el lugar de trabajo “ingresando en los servicios con personal de vigilancia donde se realiza la internación de pacientes femeninas con padecimiento psíquico, muchas de las cuales se sintieron incómodas y se descompensaron”.
Como resultado, a 69 profesionales se les “bloqueó” el sueldo. Y en una asamblea reciente, Derito aseguró, desafiante, que tiene en sus manos otra “lista de agentes en una situación similar”.