El sistema hospitalario de la Ciudad en crisis

Al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, en Aranguren al 2700, se lo ve pintado, luce su pintoresca arquitectura atravesada por prolijas callecitas internas y jardines con jacarandaes.

Pero la carcasa esconde una realidad difícil de adivinar a simple vista: la de profesionales, trabajadores y pacientes afectados por un profundo recorte presupuestario. Si a esto se suman las demoras en la reconstrucción de la guardia principal –incendiada hace poco más de dos años– se llega a la verdadera situación crítica de esta institución más que centenaria, y que por décadas fue un orgullo del barrio de Flores.

Luego del incendio de la guardia en enero de 2012, varias áreas clave del Álvarez, se redistribuyeron.

Desde aquel episodio hay una parte de la guardia, el servicio de PAMI y de vacunación para niños que funcionan en tres auténticos containers, unos armatostes de chapa pintados de blanco, de esos que suelen cargar los camiones en la zona de Retiro. Ya están un poco oxidados y les agregaron una ventanitas pequeñas, tal vez para que pierdan su aspecto de jaula.

Las salas de espera de los consultorios containers consisten en algunas sillas de plástico que están a la intemperie, cubiertas sólo por un techo de lona, que puede proteger a unas pocas personas de la lluvia pero no del frío ni del calor.

El incendio afectó áreas administrativas, que fueron reubicadas en otros sectores del hospital. Por ejemplo, las internaciones clínicas tuvieron que reducirse al mínimo ya que allí se instaló una parte de las oficinas de la dirección.

La demora en la reconstrucción del hospital transformó la vida de quienes allí trabajan. Por fuerza de la costumbre se amoldaron a las nuevas condiciones, mientras esperan que los trabajos, que incluyen una ampliación de la capacidad de la guardia– culminen de una vez por todas.

Los plazos están vencidos, aunque el gobierno prorrogó el final de las obras para 2015.
Pero luego vino un zarpazo mayor: la resolución 1.657, que reducía en alrededor de un 40 por ciento las suplencias de guardia en el sistema de salud .

En el Álvarez el Ministerio de Salud de la Ciudad ordenó que el millar de horas de suplencia de guardia bajara a 670.

Esto significó desguazar varios programas de salud mental únicos en la ciudad y algunos de ellos habían sido pioneros en la prevención y atención de la violencia de género y en el posaborto y los abortos no punibles.

Simultáneamente, 118 profesionales se quedaron sin trabajo.

Frente a este hecho, la directora del Álvarez, la prestigiosa obstetra Diana Galimberti, dijo que “a muchos se nos cayeron las lágrimas”. Luego, en total silencio y a pesar de haber estado vinculada a la dirección del hospital durante más de 15 años, pidió su jubilación.

Los trabajadores suponen que se fue “apretada” por las autoridades sanitarias por haber violado la orden de silencio impuesta a los empleados de la Ciudad desde los inicios de la gestión macrista.

“Diana era mucho para el macrismo, impuso la atención contra la violencia de la mujer, militaba a favor del aborto no punible”, señaló un profesional del Álvarez que pidió el anonimato.

Galimberti había trabajado durante años con profesionales ultraprecarizados y soportado las excusas por las demoras en la reconstrucción de la guardia incendiada, pero no habría tolerado que los equipos y los programas que impulsó fueran desarmados.

Los trabajadores del Álvarez conviven con cámaras que registran todos sus movimientos y con el hostigamiento de una nueva modalidad de persecución laboral: las auditorías compulsivas. “Vienen los empleados del Ministerio de Modernización, se meten sin preguntar y dan vuelta los consultorios en forma totalmente prepotente”, afirma una empleada del hospital. Controlan desde el horario hasta que efectivamente haya pacientes en el consultorio.

“Nunca vi algo parecido y hace 20 años que estoy en este lugar”, dijo otro profesional del área de Psicología.

Con la orden del Ministerio como aval, la actual directora, Laura Cordero, encaró un recorte que afectó a varios sectores en forma simultánea.

El Hospital de Día del turno vespertino perdió ocho profesionales (siete psicólogos y un psiquiatra). Este sector se encargaba de la atención de 38 pacientes psicóticos graves, que requieren un seguimiento cotidiano, la estrategia terapéutica indicada para evitar recaídas, internaciones prolongadas e incluso suicidios. El recorte no se justifica ni siquiera por razones económicas: el Hospital de Día ahorraba un 75 por ciento de giros a internación.

De la misma división de Salud Mental –una de las más prestigiosas del sistema–, el Hospital de Día de Adicciones también perdió a tres profesionales. Había sido creado hace 10 años para la atender personas con consumo problemático de drogas. “Es el único dispositivo de estas características en toda la Ciudad”, explica uno de los profesionales que aún trabaja allí. Los tratamientos son individuales, familiares y en grupos terapéuticos.

“Con el recorte, se dificulta el seguimiento de los pacientes y se sobrecarga a los profesionales que quedamos”, añadió. El área de Adicciones atiende unas 800 consultas mensuales.

Otros sectores que perdieron trabajadores son el Equipo de Violencia de Adultos, el Equipo de Adolescencia y el Grupo de Trabajo de Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Violencia Familiar, que se quedó sin infectóloga infantil –única profesional de este tipo en el hospital–, sin ginecóloga infanto juvenil y sin tres psicólogas. Este grupo funcionaba desde 2008 y se había convertido en referencia nacional por su abordaje interdisciplinario.

Según explicaron sus profesionales, la reducción implica “desarticular el grupo de trabajo” ya que limita a la mitad la capacidad de asistencia psicológica e implica la discontinuidad del tratamiento de 33 pacientes.

El Álvarez fue, durante un siglo, un establecimiento modelo y de vanguardia. Uno de los hospitales porteños que supo mantener fuertes nexos con el barrio.

En los últimos años se había instalado, además, como una referencia en materia de salud mental y de violencia de género y de víctimas de abuso infantil.

“Lo que quieren es empobrecer la atención, un hospital pobre para pobres… ¿quién se querría atender en una guardia que es un container? Sólo lo soportan quienes no pueden acceder a una atención más cuidada”, señaló otro profesional que tampoco se anima a dar su nombre.

Para el gobierno, el silencio es salud.