Sociedad

El gobierno porteño dejó de pagar sueldos a 62 pasantes con discapacidad

Así lo denunciaron los afectados por esta determinación que les impide el pase a planta como los establece la ley.

Denuncia contra el Gobierno porteño.

Docentes de la Dirección de Educación Especial denunciaron que el gobierno porteño no cumple con la ley 5.138, que ordena el pase a planta de 62 pasantes con discapacidad intelectual y sensorial que se desempeñan «hace por lo menos dos años» en diferentes dependencias del Ejecutivo local.

También señalaron que el Ejecutivo local dejó de pagarles en enero los sueldos de 700 que los jóvenes cobraban por las pasantías.

Los pasantes, que son alumnos y egresados de diferentes escuelas de educación especial de la Ciudad, debían ser contratados -según la normativa- en enero último por el Ejecutivo porteño y «están trabajando sin cobrar desde principios de año», informó la vicedirectora de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral 1 de la Ciudad, Gabriela Maffassanti.

Se trata de personas sordas, ciegas o con discapacidad intelectual que tienen 18 años o más, que se desempeñaron como pasantes en diferentes oficinas del Ejecutivo porteño por «al menos dos años» y que en enero último comenzaron a cumplir con una jornada laboral de «siete horas diarias en vez de las cuatro» que corresponden a una pasantía, precisó la docente.

La ley 5.138 -la tercera de un programa de pasantías laborales que continúa a otras dos de 2004 y 2011, fue sancionada por la Legislatura en noviembre de 2014, promulgada por el Ejecutivo en diciembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 6 de enero.

«No sabemos por qué este año el gobierno de la Ciudad decidió que no haya pasantías en Educación Especial y reasignó ese presupuesto, que es de un millón de pesos», declaró la docente.

La normativa establece que se deben incorporar «a partir de los diez días» de su publicación «como agentes de planta permanente a los pasantes de la Dirección de Educación Especial que al 1° de abril de 2014 vienen desarrollando tareas en diversas dependencias en el ámbito del Poder Ejecutivo».

La ley también incluye en un anexo la nómina de los pasantes, su escuela de origen y el lugar donde trabajan; también especifica que «el gasto que demande su implementación será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Recursos del Ejercicio Financiero del Año 2014».

«En 2011 fue muy simple, tramitaron el apto médico y listo. No sabemos qué pasó este año, les están pidiendo análisis que no se le piden a ningún trabajador, como exámenes neurológicos y psiquiátricos, esto no tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que vienen desempeñando la pasantía en perfectas condiciones», añadió la docente.

Maffassanti también informó que los requisitos previstos en la normativa para acceder al puesto de trabajo son dos años como mínimo de pasantía, el certificado de discapacidad, un certificado de apto médico y una recomendación de la escuela.

«Nos dijeron que hasta que no estén los aptos no los van a contratar, estamos en septiembre y todavía no citaron a todos, muchos docentes trabajamos hasta un año sin el apto, es algo habitual», añadió.

El programa de pasantías laborales de la Dirección de Educación Especial contempla «un seguimiento de cinco años» que está a cargo de un «referente laboral nombrado por la escuela de origen y el lugar que va a contratar, el referente tiene la misión de contener, observar y guiar a la persona con discapacidad», explicó.

Al respecto, la titular del Observatorio de Discapacidad de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, María José Lubertino, consideró que «no es extraño» que el gobierno de la Ciudad no cumpla con las políticas de inclusión «sin tener en cuenta que este colectivo necesita ser atendido con prioridad».

El gobierno de la Ciudad «no ha cumplido en muchos aspectos con la inclusión de las personas con discapacidad», aseguró la funcionaria, quien mencionó como ejemplo la «excesiva demora» en la tramitación de los certificados de discapacidad y la «accesibilidad al transporte público».

Por su parte, la secretaria de Educación y Estadística de UTE y docente de educación especial, Angélica Graciano, confirmó que en la Ciudad «tampoco se están tomando nuevos pasantes», y que «los jóvenes que están trabajando dejaron de cobrar los 700 pesos que se les paga por la pasantía».

«En educación especial el proceso de escolarización termina cuando los chicos tienen un trabajo genuino, formal y en blanco. Las leyes y el presupuesto están, lo que tienen que hacer el Estado es dejarlos efectivos, lo que está también relacionado con el cupo de trabajadores con discapacidad, que es del 5 por ciento y con el que gobierno de la Ciudad está incumpliendo», declaró.