El gobierno porteño avanza sobre los espacios verdes

Distintas organizaciones y el Observatorio del Derecho a la Ciudad denuncian la destrucción de la huerta comunitaria del Parque Ameghino y falsas denuncias de vandalismo para enrejar el Parque Lezama son algunos de los hechos sucedidos en las últimas semanas que prueban “la intención del macrismo de privatizar la Capital”.

“Hay ocho espacios sobre Costanera Norte que el Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación para su concesión, cuando en realidad se trata de espacios contemplados dentro de la Ordenanza 46.229, que los establecía como destinados a espacio verde (Distritos Urbanización Parque)”, denunció Jonatan Baldivieso, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En este sentido, Baldivieso explicó que “se trata de boliches, restaurantes, estacionamientos y otro tipo de comercios que venían funcionando en forma irregular desde hace años y, con esta posibilidad que les da el gobierno porteño, se pondrán ‘en regla’, aún contradiciendo las leyes vigentes”.

Cabe recordar que en 1993 en Buenos Aires el entonces Concejo Deliberante (hoy Legislatura porteña) reconoció la problemática de la pérdida de espacios verdes y su importancia para el uso de la sociedad, y sancionó la ordenanza 46.229.

“De esta forma, se garantizaba jurídicamente que estos espacios no fueran privatizados por el Ejecutivo y se cumpla con el destino establecido en el Código de Planeamiento; pero, a la vez, se prohibió también el cambio del destino de los espacios destinados a espacios verdes públicos”, describió Baldivieso.

El informe presentado por el Observatorio realiza un pormenorizado detalle de las irregularidades sobre los predios ubicados sobre la avenida Rafael Obligado, donde actualmente funcionan los boliches Pacha (a la altura 6151), Pizza Banana (6201), Club Nocturno Tequila (6211), y los restaurantes Gardiner (6311), Aquellos Años (6350), Rodizio (6551), Siga La Vaca (6880) y el Bahamas (7070).
“Muchos de estos predios están dentro del Parque de las Américas, pero además, Rodizio tiene atrás del edificio un espacio verde privado que llega hasta el camino de la ribera, lo que se encuentra prohibido por otra ley”, señaló.

En relación a estos hechos, el Observatorio solicitó explicaciones al Ejecutivo porteño y, de no mediar respuestas, sus miembros iniciarían acciones judiciales.

Otra situación denunciada como “avance sobre los espacios verdes” ocurrió el jueves 22 de enero en el Parque Ameghino, cuando una cuadrilla que respondía al Gobierno de la Ciudad arrasó una huerta comunitaria que los vecinos sostenían desde 2003.

“Cuando pedimos explicaciones en la Comuna 4 nos aseguraron que sus cuadrillas no habían estado en el Parque, por lo que suponemos que se trata de una orden que fue emitida desde el Gobierno central”, aseguró Mauricio García, miembro de la Asamblea de Parque Lezama y de la Red Interparque.

En este contexto, García detalló que “el lunes conocimos las declaraciones de Patricio Di Stéfano, subsecretario de Uso del Espacio Público porteño de que evaluarían de nuevo enrejar el Parque Lezama porque habían ocurrido hechos de vandalismo”.

“Nos dirigimos entonces a la comisaría 14 donde nos informaron que no tenían denuncias realizadas, que inclusive ellos tienen policía montada adentro del predio, que también hay policía Metropolitana y que se encuentra cien por ciento vallado. En efecto, la última denuncia que tenían de robo de piezas de la estatua de Rómulo y Remo era de hacía más de un año”, detalló García.

A su vez añadió: “En el Parque pusieron, además, cámara de seguridad. Nosotros nos preguntamos, si con todas estas medidas supuestamente no pudieron evitar el vandalismo, ¿cuán efectiva puede ser una reja?”.

Otro espacio público que la Red Interparque denuncia amenazado es Ciudad Universitaria, donde aseguran que el Gobierno porteño pretende construir un estacionamiento.

“Está también el proyecto de los bares en las plazas y así podríamos seguir enumerando. Cuando nosotros comenzamos a luchar para que no enrejaran Parque Lezama, quizás no teníamos dimensión del plan del Gobierno de la Ciudad de ‘poner en valor’ algunos barrios, lo que para ellos implica realizar un negocio inmobiliario y desplazar a la gente que vive por otra con mayor poder adquisitivo”, sostuvo García.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que es necesario que cada ciudad tenga 9 metros de área verde por habitante como proporción mí¬nima; la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente 1,9 metros por vecino.

“Cuando nosotros luchamos por los espacios verdes lo hacemos pensando no sólo en la salud, sino también en la función social de estos espacios”, afirmó García.

“Un parque o una plaza son lugares donde todos somos pares, donde nos encontramos con los vecinos, generamos lazos, posibilidad de esparcimiento para todos los niños en forma igualitaria, lo que claramente no podrá darse si estos espacios se usan para otro fin o se privatizan”, señaló.