Política

El Gobierno evalúa ir a la Corte de La Haya

Es una de las alternativas que estudia Alberto Fernández para replicar la decisión del presidente Sebastián Piñera.

El Gobierno evalúa ir a la Corte de La Haya para resolver el conflicto diplomático con Chile. Es una de las alternativas que estudia Alberto Fernández -la otra es convocar a un tribunal ad hoc- para replicar el polémico decreto del presidente Sebastián Piñera de anexar por decreto 6000 kilómetros cuadrados que pertenecen a la Argentina en los Hielos Continentales y el Canal de Beagle.

El 23 de agosto de 2021, Sebastián Piñera suscribió un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile con la nomenclatura CVE 2000795. El decreto tiene siete considerandos, un artículo con tres incisos, y las firmas de Andrés Allamand, ministro de Relaciones Exteriores, y de Baldo Prokurica Prokurica, ministro de Defensa.
El decreto CVE 2000795 complica las relaciones entre Buenos Aires y Santiago de Chile.Alberto Fernández analiza la respuesta que ejecutará frente a una decisión geopolítica asumida por Piñera que sorprendió a Balcarce 50.

La decisión del Presidente chileno desconoce los acuerdos sobre Hielos Continentales de 1998 y el tratado de Paz y Amistad de 1984. Con su decreto del 23 de agosto, a pocos meses de terminar su mandato, Piñera intenta apropiarse de 1.000 kilómetros cuadrados de una zona de los Hielos Continentales que ya estaba delimitada y sumar otros 5.000 kilómetros cuadrados al territorio de Chile que pertenece a la plataforma continental de la Argentina.
Es más: el decreto CVE 2000795 avanza también sobre 20.000 kilómetros cuadrados en las cercanías de las Islas Malvinas que son patrimonio común de la humanidad, y que abre una hendija jurídica para disputar a la Argentina sus propios derechos sobre la Antártida.

Después de evitar un conflicto armado por la pertenencia de tres islas ubicadas en el Canal de Beagle, Argentina y Chile negociaron un acuerdo de Paz y Amistad en 1984 que fue avalado por Juan Pablo II y firmado por el gobierno de Raúl Alfonsín y la dictadura de Augusto Pinochet.
Ese hito histórico para las relaciones bilaterales entre Buenos Aires y Santiago, establece una regla de oro que Piñeira entierra sin ceremonia en su decreto del 23 de agosto de 2021: Argentina se extiende hacia el este y Chile hacia el oeste.

La ofensiva diplomática chilena se corona en un lenguaje cerrado, frío y apenas descifrable para expertos que trabajan a los dos lados de la Cordillera de los Andes. Y todo se formaliza con un decreto que apenas tiene un artículo y tres incisos.
Ese simple artículo le permite a Piñera ampliar de hecho el territorio chileno, irrumpir en una zona de la Antártida que no le pertenece a Chile y perseguir ingresos millonarios en petróleo y crustáceos.
Piñera ejecuta su movimiento geopolítico anulando una “y” griega, agregando una coma e incluyendo la frase “y límite exterior de 200 millas marinas de la Plataforma Continental”, a un decreto anterior que había sido consensuado por las cancillerías de los dos países en el siglo XX.

El Tratado de Paz y Amistad de Argentina y Chile establece que la medianera entre ambos países es el meridiano a 67 grados y 16 minutos. Al oeste de ese meridiano, se extiende Chile; y al este, Argentina. Desde esta perspectiva geográfica, acordada por los dos estados en 1984, la Cancillería desarrolló un estudio para fortalecer los derechos sobre nuestra plataforma al sur de Tierra del Fuego.
Entre 2012 y 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental analizó la presentación de la Argentina. Y finalmente esa comisión -que opera bajó la cobertura institucional de la ONU- dictaminó que estaban probados los derechos nacionales sobre la plataforma continental porque funcionaba como una extensión natural del margen argentino.

Chile nunca presentó una objeción jurídica en la ONU. Y cuando el Congreso estaba a punto de transformar esa postura geopolítica en ley, el Palacio de la Moneda levantó la mano y sólo hizo referencia a sus eventuales derechos en la Antártida.
Ahora, ese estudio avalado por la ONU y ratificado por la ley 27557 que fue sancionada en agosto de 2020, permite a la Argentina oponer ese límite a cualquier Estado. Piñeira desconoce ese derecho, y a través de un inesperado decreto, abre un litigio diplomático que excederá su mandato presidencial.

Alberto Fernández decidió que Felipe Solá contestara a Piñera con un comunicado de la Cancillería, pero sabe que esa respuesta formal no alcanza para proteger derechos territoriales que pertenecen al país.
Sin embargo, el jefe de Estado sabe que ya hay una diferencia territorial y que Piñera no dará marcha atrás. Entonces, el único camino que queda es un tribunal arbitral ad hoc -previsto en el tratado de 1984- o realizar una presentación formal en la Corte de la Haya.