El Frente Darío Santillán emitió un comunicado en el cual señalan que “sin pruebas, la justicia macrista acusa a dos dirigentes sociales respetados y reconocidos de haber “instigado” una toma, cuando lo único que hicieron fue establecer un canal de diálogo con autoridades porteñas y nacionales concurriendo a una reunión en Casa Rosada donde plantearon las necesidades habitacionales de los habitantes de Soldati y Lugano”.
“Cuatro años después sigue sin cumplirse la ley 1770 de Urbanización de la villa 20. Y la única respuesta que encontraron las familias sin techo fueron los palos y las topadoras”, añaden.
Como consecuencia piden suman adhesiones a frentedariosantillan@gmail.com
En diciembre del año pasado, la jueza María Gabriela López Iñiguez, dio lugar al pedido de sobreseimiento de los dos militantes (siendo el segundo sobreseimiento recibido).
Sin embargo, los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocaron esta decisión, con el fundamento de que es un caso “atípico” y debe resolverse en un juicio oral y público.
Con esta definición la Jueza Contravencional porteña Cristina Lara, dio lugar al pedido de los fiscales porteños Claudia Barcia y Luis Cevasco, quienes continúan impulsando una persecución jurídica a los compañeros Diosnel Pérez Ojeda, (integrante de la junta vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán, y Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más impulso que el reclamo de una vivienda digna.
Cevasco es el mismo fiscal que en 1998 se opuso al juicio contra el dictador Rafael Videla y consideró que el robo de niños no formó parte del plan de exterminio y hoy se desempeña como fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, estrella de los fiscales PRO.
Vale recordar que, tres años y medio después de la toma del Parque Indoamericano, donde las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente y asesinaron a tres de las miles de personas que reclamaban por el derecho a una vivienda digna, la Cámara del Crimen absolvió y en otros casos dictó falta de mérito a los miembros de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal acusados.
LA TOMA DEL PARQUE INDOAMERICANO
El 6 de diciembre de 2010, mil quinientas familias fueron desalojadas con una brutal represión de la Policía Federal y la Metropolitana en conjunto, dejando como saldo la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y días más tarde a Emilio Canaviri Álvarez, en lo que fue la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos años en reclamo de vivienda digna.
Tras la represión el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias de Parque con promesas de viviendas e inversión. Prometieron “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática habitacional de las familias, pero nunca cumplieron. Berni, el mismo que avaló el desalojo violento en el barrio Papa Francisco, fue el que se comprometió a dar respuesta a las familias.
La única acción del Estado fue iniciarle una causa penal a nuestros compañeros Diosnel Pérez y el Tano Nardulli a través del Ministerio Público Fiscal, demostrando una vez más que la política del gobierno es perseguir y criminalizar a los que luchan.
Por ello, desde el Frente Popular Darío Santillán manifiestan su “preocupación sobre el hecho y alertamos de una escalada del gobierno macrista contra los luchadores y luchadoras sociales”.
“Denunciamos además el avance en la criminalización de referentes sociales, como es el caso de los trabajadores del Hospital Borda, así como la elevación a juicio de Mariano Skliar, delegado de la Junta Interna de ATE y militante del Frente Popular Darío Santillán, también procesado por ser referente de una protesta realizada en el 2013, en el marco del conflicto salarial”, añaden.