En el caso de las escuchas ilegales se mezclan el espionaje y sus agentes con la política y sus operadores, sin dejar de lado las intrigas judiciales.
Aunque los protagonistas no varíen y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, sea uno de los actores principales del caso, los vaivenes judiciales siguen dando que hablar y despiertan todo tipo de suspicacias políticas que tienen su origen en el largo enfrentamiento entre el macrismo y el kirchnerismo.
El último de estos datos que volvió a ubicar la causa de las escuchas ilegales en el centro de la escena fue la decisión tomada a comienzos de marzo por el juez federal Sebastián Casanello, que dejó a Macri a salvo del juicio oral pero sin desprocesarlo.
En un fallo de 117 páginas, el magistrado que reemplazó a Norberto Oyarbide al frente del caso afirmó que no hay “pruebas suficientes” para enviar al Jefe de Gobierno al banquillo de los acusados, pero sí al espía Ciro Gerardo James; al ex jefe de la Policía Metropolitana (PM), Jorge “el Fino” Palacios, y al ex ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Mariano Narodowski.
Para avalar su decisión respecto a Macri –al que, igualmente, no desprocesó de la causa–, el juez federal aseguró que la acusación contra el Jefe de Gobierno se “sostuvo casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno, y esta carencia de pruebas ubica al imputado en el difícil lugar de demostrar que algo no ha ocurrido, lo que desde antaño se conoce como prueba diabólica”.
En su escrito, Casanello criticó a Oyarbide al señalar que la decisión de este magistrado de enviar a Macri a juicio oral fue “apresurada”. Y fue aun más lejos al dictar la nulidad parcial del cierre de la etapa de instrucción.
Basándose en esa medida le tomó declaración el 15 de abril al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, además de ordenar otras medidas judiciales relacionadas con el expediente.
El impacto que produjo la decisión de Casanello de no enviar a Macri a juicio oral no fue nada menor, ya que a los pocos días del fallo, el propio fiscal de la causa, Jorge Di Lello, y uno de los principales afectados por las pinchaduras, el titular de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, apelaron la medida ante la Cámara Federal y reiteraron que en el expediente “hay pruebas suficientes” para que Macri sea juzgado por un tribunal oral.
Tanto Di Lello como Burstein le recordaron a Casanello que el procesamiento que le dictó Oyarbide al Jefe de Gobierno fue confirmado tanto por la Cámara Federal porteña como por la Cámara de Casación. Dos instancias superiores que avalaron todo lo actuado por el juez de primera instancia. Es más, el propio Casanello era secretario de los magistrados Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal que falló en contra del ingeniero. Por consiguiente, el propio Casanello, según los dichos de Burstein, firmó junto con los tres camaristas el procesamiento.
“La actitud de Casanello es inexplicable en términos jurídicos y solo se puede entender por motivaciones políticas o de otra índole. Porque él no era un juez que no tenía nada que ver con el caso de las escuchas y que por azar le tocó reemplazar a Oyarbide. Él antes fue el secretario de la Cámara Federal que avaló el procesamiento de Macri y todo lo hecho por Oyarbide, pese a las apelaciones que la defensa del ingeniero presentó ante los camaristas. Por eso, todos los indicios apuntan a una especie de acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo para beneficiar al Jefe de Gobierno. Esa tesis está reforzada por el aval político que La Cámpora le brindó a Casanello para llegar a ser juez federal”, explicó un operador judicial que conoce a fondo la causa de las escuchas.
Según este mismo informante, el kirchnerismo, a través de La Cámpora, impulsó la llegada de Casanello a juez federal para que quedara al frente del expediente donde está implicado el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de 55 millones de euros mediante transferencias al exterior. Allí también están imputados Leonardo Fariña y Federico Elaskar, supuestos testaferros del empresario investigado.
Un abogado vinculado a la causa de las escuchas, explica: “En la causa contra Báez, Casanello hizo lo que se esperaba de él y terminó culpando del lavado a Fariña y Elaskar, salvando al empresario con vínculos con el kirchnerismo. Ese era su objetivo principal. El tema de Macri y las escuchas era algo menor, pero es imposible pensar que lo salvó del juicio oral sin que ello se produjera por un acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo, ya que de no ser así no se entiende que hasta hace poco lo considerara culpable y ahora no. Ningún magistrado da un giro de 180 grados si no existe ninguna presión a su alrededor. El caso es que los acuerdos entre el macrismo y el kirchnerismo exceden el tema de las pinchaduras de teléfonos y están más relacionados con temas políticos puntuales que favorecen a ambos. La explicación del pacto político es la única que cierra si se quiere analizar lo hecho por el juez federal en marzo”.
Aunque no lo digan públicamente, estas sospechas sobre la injerencia del poder político también son sostenidas por Burstein y Di Lello, quienes al apelar ante la Sala I de la Cámara Federal tratan de despejar las dudas sobre el papel del kirchnerismo en la causa, ya que lo lógico sería que los camaristas enviaran a Macri a juicio oral, porque fueron los mismos que ratificaron su procesamiento. “En caso de que los camaristas fallen a favor de Macri, va a quedar muy claro ante la sociedad que se dieron vuelta por presiones que no tienen nada que ver con lo judicial”, aseguró un letrado de la querella.
Pero el fallo de Casanello no solo afectó a la querella sino que también impulsó el accionar de los defensores del Jefe de Gobierno porteño, Ricardo Rosental y Santiago Feder, quienes el jueves 22 de mayo le pidieron a la Sala I de la Cámara Federal que confirme la decisión del juez federal de no enviar a Macri a juicio oral y, amparándose en el fallo de Casanello, solicitaron también que su cliente sea desprocesado de la causa.
Según el escrito de los letrados de Macri, “no hay evidencias contra el funcionario para involucrarlo en la causa, y en virtud de ello se pide su desvinculación del caso”.
A Macri se lo acusa por escuchas ilegales realizadas a Burstein, pero también a su propio cuñado, Néstor Leonardo.
El día que la defensa del ingeniero presentó el escrito fue el elegido por los camaristas de la Sala I para tomar testimonios a las partes involucradas en la causa de las escuchas y, con base en estos, decidir si Macri va a juicio oral o no.
La audiencia que presidieron Ballestero, Freiler y Farah se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. En esa ocasión, el fiscal Di Lello reiteró que las imputaciones contra el Jefe de Gobierno “fueron debidamente acreditadas a lo largo del extenso expediente”.
Luego de la audiencia, la decisión quedó en manos de los camaristas, y los tiempos judiciales comenzaron a correr, aunque según los especialistas, los magistrados pueden tomarse el tiempo que deseen para fallar.
“Tienen dos posibilidades: o fallan relativamente rápido o se toman todo el tiempo del mundo y la decisión se estira y se acomoda a los cambios políticos del país que viene luego del kirchnerismo”, afirman en los pasillos judiciales.
La situación es clara: el caso lo tiene la Cámara Federal, pero, a pesar de su resolución previa, hoy nadie se arriesga a pronosticar cuál será su fallo.