Mauricio Macri, envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar competencias de la Agencia Gubernamental de Control, previstas en la ley 2.624, asignándole “funciones inspectivas de control y fiscalización de la actividad laboral, salud, higiene y seguridad en el trabajo, seguridad social y cláusulas normativas de convenios colectivos de trabajo, ambiental, lealtad comercial y defensa del consumidor y usuario”.
La aplicación de la norma implica la modificación de otras leyes y Código de Habilitaciones y Verificaciones. En fundamentos del texto, se sostiene: “la transferencia programaría fiscalizaciones en un único organismo, unificando el accionar inspectivo teniendo en miras el interés público comprometido y gestión inteligente de la administración pública”.
Sin embargo, desde la Autoridad Administrativa del Trabajo, cuestionaron el proyecto.
Al respecto Edgardo Castro, Inspector del Trabajo, consideró que “con la excusa de centralizar controles en la AGC, Macri oculta que desmantelará el único cuerpo de inspectores profesionales e independientes que tiene la Ciudad”.
Asimismo agregó: “el mismo jefe de Gobierno que vetó más de 100 leyes ahora impulsa una ley absolutamente inconstitucional, con la que ya fracasó en dos ocasiones, que de aprobarse sería una aberración jurídica que dejaría en estado de indefensión al conjunto de trabajadores de la Ciudad y daría vía libre a mecanismos clandestinos de trabajo”.