Sociedad

A diez años de la norma, familias de la Villa 20 reclaman urbanización

Para reclamar por sus derechos marcharon hasta el Obelisco. Según Bodart "para revertir el grave déficit habitacional que hoy afecta a uno de cada cinco porteños, es preciso incrementar los planes de viviendas populares”.

Vecinos reclamaron urbanización.

Vecinos de la Villa 20 del barrio porteño de Lugano marcharon hacia el Obelisco para exigir al gobierno porteño que cumpla la Ley 1.770 sancionada hace diez años por la Legislatura, que ordena la urbanización del asentamiento, lo que a raíz de la falta de respuestas generó el año pasado el desalojo de 700 familias del llamado «barrio Papa Francisco».

La Legislatura Porteña sancionó en agosto de 2005 la Ley 1.770, en la que ordena al Poder Ejecutivo porteño la urbanización, “diez años más tarde nada de lo dispuesto se ha cumplido”, dice un comunicado difundido por las familias autoconvocadas.

Asimismo añaden que a raíz de esta situación “miles de familias” siguen “padeciendo la grave situación habitacional, la carencia de servicios públicos básicos y la desintegración al resto de la ciudad”.

La ley 1.770, sancionada el 11 de agosto del 2005, especifica que se deberá urbanizar el predio situado «entre Pola, avenida Cruz y Escalada, el cual deberá ser saneado y destinado exclusivamente a la construcción de viviendas sociales», destaca el texto de la norma.

A raíz de esta falta de respuesta a los sucesivos reclamos y ante la crisis habitacional en la villa 20 por la falta de urbanización, en febrero del 2014, 700 familias tomaron un predio lindero y construyeron el barrio Papa Francisco.

Los ocupantes que se asentaron en un terreno peligroso porque antes estaba destinado a un depósito de automóviles, fueron desalojados con violencia por la policía Metropolitana en agosto pasado, por lo que los vecinos exigirán, además, «el desprocesamiento de los compañeros y compañeras judicializados” durante ese episodio.

Los vecinos aseguraron que gobierno de la Ciudad “no tiene ninguna limitación formal para iniciar de inmediato el saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales”, para lo que “dispone de un presupuesto específico de 30 millones de pesos que se encuentra bajo la tutela de la jueza Elena Liberatori”.

Manifestaron además “la preocupación generalizada que existe en el barrio respecto de la posible demolición del Centro de Salud Comunitaria (Cesac) 18, ya que es un espacio de vital importancia para la salud y asistencia social de las familias”.

Al mismo tiempo demandaron el “cumplimiento de la ley 1769 que, también, desde hace diez años, ordena la construcción de un hospital en la Comuna 8”.

Al respecto, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) sostuvo que «ni siquiera en campaña Mauricio Macri cumple las leyes. A sólo cuatro meses para que venza el plazo que le dio la jueza Elena Liberatori para urbanizar el lugar, el gobierno porteño apenas desmalezó el predio y no inició la descontaminación”.

Según Bodart «para revertir el grave déficit habitacional que hoy afecta a uno de cada cinco porteños, es preciso incrementar los planes de viviendas populares del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y poner en pie un verdadero programa de alquiler social con garantía estatal y subsidios».

La urbanización de la villa 20 reconoce como antecedente el año 1991, cuando a través de la ordenanza 44.873, el Concejo Deliberante creó los Distritos U31 que otorgaron una zonificación específica a cada una de las villas existentes y ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo de sesenta días se elaboren los proyectos de urbanización específicos para cada una, entre ellas la Villa 20.

Tras siete años sin que se elaborara ningún proyecto de urbanización, la Legislatura sancionó la Ley 148 que ordena la urbanización de todas las villas, entre ellas también la 20, pero agrega que debe contemplarse la participación necesaria y real de los habitantes y les da poder de decisión.

Luego de otros siete años sin que se cumpla la ley 148, la Legislatura sancionó otra norma, la 1.770 en el 2005, de la que se acaban de cumplir diez años hace unos días, donde la promesa de urbanización sólo se concentró en la Villa 20.

Para ello, entre otras cuestiones se afectaron terrenos, se ordenó la realización de un nuevo censo poblacional y la convocatoria a audiencia pública a fin de evaluar los parámetros principales de la urbanización.

«Pero el proceso de urbanización no se ha iniciado en ninguna dimensión. Sólo por medio de acciones judiciales se ha logrado que la Villa tenga un órgano de representación democráticamente electo, la Junta Vecinal, que no ha sido escuchada en ninguno de sus reclamos de urbanización», explicó el Observatorio del Derecho de la Ciudad.