Proyecto en la Legislatura Porteña
Los legisladores del bloque Republicanos Unidos Roberto García Moritán y Marina Kienast firmaron un proyecto para que CABA cobre por los servicios de salud y de educación a personas que no tienen domicilio en la Capital. Este universo es extenso, si se tiene en cuenta el elevado flujo de personas que recibe el territorio porteño cada día.
De acuerdo los fundamentos que plantea la iniciativa, serían las administraciones de la provincias las que afrontarían esos costos.
El proyecto ingresó a la Legislatura porteña bajo el nombre de “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”. Plantea en su primer artículo la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional. Esto es para que actúe entre la Ciudad y las provincias. Y que abarque a los sistemas de salud y de educación públicos. Proyecto para que CABA cobre por los servicios de salud y de educación a personas que no tienen domicilio en la Capital.
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Qué propone la iniciativa
La iniciativa prevé que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad se atienda en el establecimiento. Se debe detallar la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.
El proyecto de ley también determina la forma en que se notificarían esas deudas a cada jurisdicción. Y aclara: “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.
En el tercer apartado, el proyecto especifica cómo deberá ser esa compensación para el caso de la educación. Allí consigna que los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web. Y la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.
“Luego de la adjudicación de las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas. Esto es para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”, indica la iniciativa.
Kienast señaló: “Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio que no utilizan”.