La Legislatura porteña aprobó hoy dos pedidos de informes, mediante los cuales buscarán obtener precisiones acerca de la atención que están brindando los Centros Integrales de la Mujer (CIM) y sobre los bolsones de alimentos se que reciben los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad.
A 90 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, los legisladores buscarán conocer cuáles de esos centros se encuentran funcionando en la actualidad y cuál es la demanda y cantidad de participantes asistidas por esos centros.
También se exige información sobre si hay un dispositivo de seguimiento de las participantes y cuáles son las campañas de visibilización de los servicios que prestan estas instituciones; entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida -que había sido impulsada por los diputado del Frente de Todos (FdT)-, recordaron que “la Ciudad cuenta con 16 CIM distribuidos en quince Comunas que ofrecen información y asesoramiento sobre sus derechos, como así también las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de violencia”.
En este sentido precisaron que “los CIM brindan asistencia gratuita a mujeres víctimas de violencia de género a través de equipos profesionales interdisciplinarios que generan contención psico-emocional, social y asesoramiento jurídico”.
A su vez marcaron que “en compromiso con la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y sin violencia, se considera de suma relevancia la posibilidad de contar con estos centros, los cuales deben funcionar de manera activa y eficiente”.
Por otro lado, los diputados avanzaron con otro pedido de informes impulsado por el trotskista Gabriel Solano (PO) mediante el cual se prevé obtener información al respecto de la Canasta Escolar Nutritiva. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad deberá informar la cantidad de Canastas Nutritivas discriminando por desayuno, almuerzo y refrigerio, entregadas durante los primeros cinco operativos.
En este marco se exigieron precisiones sobre el costo unitario de estos bolsones alimentarios y el costo total de las canastas entregadas; el contenido de las mismas y su valor nutricional; los términos del acuerdo con los concesionarios para la reformulación de los contratos de concesión vigentes; los protocolos vigentes adoptados en el contexto de la emergencia sanitaria, y si se están ejecutando normalmente.