La población que reside en villas de la Ciudad pasó de 163 mil a 275 mil personas en los últimos cuatro años, sin que haya habido urbanización en ninguno de estos barrios.
De esta manera, el presupuesto que el gobierno porteño destina para vivienda también es “revelador de la prioridad que se le da a la temática”, ya que de 5 por ciento que representaba en 2007 pasó a 2,1 por ciento en 2014, reveló un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos porteño.
“La constatación en números fríos del incremento de personas que viven en villas fue el mayor impacto de la elaboración de este informe, nacido del trabajo que venimos realizando quienes conformamos el Observatorio en el que corroboramos que la vivienda digna es el derecho humano más vulnerado en la ciudad”, sostuvo Demián Konfino, uno de los redactores del informe.
Según detalla el documento, de las alrededor de tres millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, se estima que unas 500 mil no tienen resuelto el problema de vivienda digna entendiendo esto no como “tener un techo sobre la cabeza” sino como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.
Konfino, recordó que “la urbanización de las villas que ha estado absolutamente ausente de las políticas públicas del Estado porteño, no debería depender de la voluntad política del gobierno local porque tiene rango constitucional, avalado en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece la necesidad de urbanizar con radicación, es decir en el lugar en donde la villa se encuentra”.
“La urbanización con radicación no es un reclamo caprichoso y se basa en que todas las personas establecemos en los lugares que vivimos relaciones familiares, sociales, deportivas, educativas que hacen a nuestro cotidiano; por ejemplo, un niño escolarizado en La Boca no puede ser traslado a mitad del ciclo lectivo a un barrio cerca de la General Paz”, describió.
Dispuestos a sistematizar toda la información en torno a esta problemática, los miembros del Observatorio elaboraron este informe que incluye no sólo la situación de las villas, sino que hace, además, un pormenorizado análisis del estado de las personas que viven en hoteles y pensiones, de las condiciones de los alquileres, de las políticas de construcción y de mantenimiento del patrimonio, así como del incumplimiento de la ley de comunas.
“No existe una política de construcción de viviendas sociales. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires otorga créditos a través del Banco Ciudad que exige requisitos como recibo de sueldo o adelanto del 20 por ciento del valor de la propiedad, lo que demuestra que apunta sólo a sectores medios”, detalló.
En números esto se traduce en sólo 900 escrituras para el programa “Primera casa” y 70, para el programa “Mi casa BA”, según detalla el informe que añade que bajo la modalidad de “autoconstrucción” (también contemplada por la Constitución y que implica a la cooperativas), sólo se escrituraron 239 propiedades.
Para Konfino, el presupuesto que el Gobierno porteño destina para vivienda también es “revelador de la prioridad que se le da a la temática”: de 5 por ciento que representaba en 2007 pasó a 2,1 por ciento en 2014.
Otro aspecto de la misma problemática son las viviendas ociosas: “Se estima que el 25 por ciento de las viviendas de las Ciudad están deshabitadas, esto repercute sobre los alquileres porque a menor oferta mayores precios. Aquí habría una solución sencilla: un impuesto a la vivienda ociosa cuya recaudación podría destinarse a la construcción de vivienda social”, reclamó.
La “utilidad” de los subsidios habitacionales es descripta en el informe por la jueza Elena Amanda Liberatori (del fuero contencioso- administrativo de la Ciudad), quien asegura que: “ (…) los subsidios habitaciones otorgados por el Estado local alimentan el ‘circuito macabro’ del alquiler informal en las villas el cual se encuentra fuera de toda regulación y constituye una nueva fuente de vulneración de derechos personales”.
La jueza explica que “las garantías, los adelantos y las condiciones de residencia en el país en el caso de ser inmigrante y no tener su situación regularizada, son algunos de los factores que llevan a estas personas a optar por alquilar en estos barrios y aceptar las condiciones de habitabilidad que le son impuestas, caracterizadas por una absoluta precariedad, de dimensiones angustiosamente pequeñas lo que obliga al hacinamiento y falta de privacidad elemental”.
Algo similar sucede con el alquiler de piezas en hoteles, pensiones o inquilinatos, donde las familias recurren no por su costo (en algunos casos es igual al alquiler de un departamento de uno o dos ambientes) sino por encontrarse fuera de los requisitos exigidos por propietarios o inmobiliarias.
Según el informe, se estima que en la actualidad unas 140 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires viven en esta situación “sin las condiciones mínimas de habitabilidad”.
“Otra observación que realizamos con preocupación fue la violencia con la que se desalojó el Barrio Papa Francisco, y el uso de topadoras, que tienen una simbología fuerte desde la época de la intendencia de Jorge Domínguez, que dio la orden de avanzar con topadoras sobre la Villa 31 en 1995”, concluyó Konfino.
Además de Liberatori, del informe participaron el arquitecto Jaime Sorín, decano de la Facultad de Arquitectura, quien realizó un análisis del patrimonio; Lito Borello, dirigente de la Organización Política y Social Los Pibes y el arquitecto Guillermo Marzioni de la Comisión Nacional de Tierras, entre otros.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires es una organización conformada por militantes sociales y políticos que desde 2008 trabajan denunciando y visibilizando violaciones a estos derechos en el área porteña. El informe se puede solicitar al correo electrónico odhbuenosaires@gmail.com.