La propuesta apunta a crear un registro de postulantes mayores de 18 años entre quienes se otorgarán los permisos disponibles. Los espacios que se podrán destinar para el ejercicio de la actividad deberán ser definidos en conjunto con las comunas y la tarifa será fijada por el Poder Ejecutivo.
Luego del veto del Jefe de Gobierno a la ley de trapitos sancionada a fines de 2011, lejos de resolver el conflicto, el PRO insiste con su intención de prohibir y criminalizar a los trapitos.
“El PRO intenta vincular la problemática de la inseguridad a temas de convivencia urbana, como el funcionamiento de los trapitos. Intentan estigmatizar esa actividad y asociar pobreza o marginalidad con delincuencia. Hay que regular la actividad y que la tarifa no quede librada a la discrecionalidad. Además, hay que enfrentar a las redes ilegales que muchas veces tienen vínculos con el poder político, la policía y las barrabravas”, sostuvo Campagnoli.
Desde una perspectiva de equidad, el proyecto también propicia el acceso igualitario al régimen de permisos entre mujeres y varones, y la inclusión laboral de personas con discapacidad, adultos mayores y personas trans, al garantizar un cupo para cada uno de estos sectores de la población.