El año pasado Lorena Martins denunció a su padre por regentear una red de trata y proxenetismo, y también al jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri por recibir para su campaña política dinero procedente del proxeneta y traficante de mujeres ex agente de la SIDE, Raúl Martins. De la misma manera, se vinculó a la esposa del funcionario, Juliana Awada con talleres de costura clandestinos, incluso su hermano es investigado por esta causa.
Ahora, la fundación La Alameda dio a conocer la escucha telefónica judicial de la actual defensora del pueblo adjunta, Lidia Saya, que en plena campaña electoral llama de parte de la actual senadora, Gabriel Michetti, a un proxeneta procesado por trata de mujeres para sumarlos a los equipos de campaña del PRO.
El mafioso, Carlos Daniel Morales Comini, prófugo de la justicia y eximido de la cárcel por camaristas federales forma parte de una organización acusada de esclavizar sexualmente mujeres en prostíbulos del microcentro porteño con ramificaciones en el partido de San Miguel.
Desde su despacho como legisladora porteña por el PRO, Lidia Saya, levantó el teléfono para convocar al tratante de mujeres y proxeneta, Carlos Daniel Morales Comini (DNI 92635094), con el fin de sumarlo a la campaña electoral por pedido de Gabriela Michetti en ese entonces candidata a senadora nacional del PRO.
“Mi nombre es Lidya Saya (hoy Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, ex legisladora porteña), la señora Gabriela Michetti (actual Senadora Nacional) me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella”, así empieza la escucha telefónica judicial del 30 de agosto de 2013 realizada al hoy procesado por trata de mujeres para prostíbulos, Morales Comini.
El hombre apodado “Kali” o “Coco” continúa la conversación diciendo que su lugar de referencia es el club All Boys del barrio de Saavedra (se ubica en Besares 3142).
Saya le pregunta en qué barrio está trabajando a lo que responde “vivo en Villa Devoto (cuyo domicilio fue allanado en Tinogasta 5081, 1° piso 4) y trabajo en el microcentro (sus prostíbulos se ubican en Esmeralda al 770, 2° C y F)”.
Entonces Saya lo invita a su despacho en la Legislatura. Toda la escucha telefónica fue realizada por la propia fuerza policial creada por el PRO, la Policía Metropolitana, y quedó constancia de ello en la foja 1529 del legajo de escuchas N° 1 del expediente 382/2013.
En diciembre de 2009 se denunciaron un listado de 616 prostíbulos y en septiembre de 2012 listados de 613 prostíbulos, entre ellos los 19 allanados por el juez Lijo (Tucumán 2058, Junín 511, Callao 521, Viamonte 1668, Corrientes 1965, Corrientes 1888, Corrientes 1667, Sánchez de Bustamante 551, Gallo 1527, Callao 337, Cerrito 46, Sarmiento 1282, Suipacha 670, Suipacha 774, Esmeralda 770, Lima 1035, Piedras 1096, Montevideo 55, Santa Fe 1714).
La investigación judicial se inició en el 2012 por la declaración de una testigo de identidad reservada, y se intervinieron más de cien teléfonos, se realizaron tareas de inteligencia en más de diez oportunidades, se requirió información diversa a distintos organismos públicos y se acumularon más de una veintena de actuaciones vinculadas”.
El resultado de los allanamientos arrojó un total de 54 víctimas y ocho detenidos. Los lugares allanados eran de los denominados departamentos “privados” y en la mayoría se encontraron mujeres explotadas (hasta catorce mujeres por cada domicilio), hombres que se encontraban en el lugar como prostityentes, encargadas, custodios y volanteros.
El magistrado Ariel Lijo sostiene en el procesamiento “que un elemento central en el sometimiento de las víctimas” era la “total connivencia policial, siendo esta circunstancia clara y cotidiana para las mujeres explotadas”, sigue el fallo judicial “a las mujeres se les mostraba que agentes policiales, muchas veces correspondientes a las comisarías con jurisdicción en la zona de los ‘privados’, conocían de las actividades que allí tenían lugar, y recibían dinero a cambio de protección y silencio, mantenían avisados sobre investigaciones judiciales o allanamientos, retenían un dominio territorial de la zona, y tenía una relación frecuente con los explotadores”.
Los integrantes de la banda que lidera Morales Comini reconocen por un teléfono intervenido que pagan coimas a un policía de la comisaría N° 17, ubicada en el barrio de Recoleta.
Pese a estar prófugos de la justicia Mximiliano Castrillón, María Adelaida Caroso y Carlos Daniel Morales Comini recibieron el beneficio de la eximición de prisión y también a todos los cabecillas de estas bandas dedicadas a la esclavitud sexual con vínculos corruptos con políticos y policías.
Este es el link del video con la escucha: